El Partido Popular quiere pasar página cuanto antes a su 'semana negra' política en el ecuador de la pandemia del coronavirus. Su abstención en la cuarta prórroga del estado de alarma no sirvió para nada y fue el preludio de la dimisión de la directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Yolanda Fuentes, por discrepancias con sus superiores ya que insistía que la región no estaba preparada para pasar a la fase 1.
El informe de Fuentes, junto con su inesperada carta de renuncia, fueron la excusa perfecta para que el Gobierno de Pedro Sánchez tumbase la petición del Ejecutivo madrileño de Isabel Díaz Ayuso sin aclarar qué criterios técnicos incumple.
La cuarta prórroga del estado de alarma se le indigestó al PP al quedarse en el último momento en tierra de nadie. Y eso que estuvo cerca de que sus votos fuesen imprescindibles para decantar la balanza en un sentido u otro. Entre el lunes y el martes parecía que el Gobierno de Sánchez iba a perder la votación al ver cómo ERC se pasaba al 'no', el PNV advertía con ir por el mismo camino y pequeñas formaciones como Coalición Canaria o el BNG basculaban del 'sí' a la abstención.
Sánchez se quedaba sin sus socios de investidura, lo que llevó al PP a pensar que sus 89 diputados tenían en su mano el fin del estado de alarma. Su presidente, Pablo Casado, dejó claro que el "poder omnímodo" de Sánchez ya no tenía sentido y dijo que descartaba el 'sí' si no se cumplían varias exigencias que puso sobre la mesa: que los ERTEs se desvinculasen de la citada alarma, que la 'desescalada' se hiciese de la mano de la comunidades autónomas donde el PP tiene mucho que decir, y que hubiese ayudas a los sectores del turismo y la hostelería para el reinicio de su actividad económica.
También se presentó a la Moncloa un 'plan B' legislativo como alternativa al "caos" que predecían Sánchez y sus ministros si el Congreso tumbaba el decreto de prórroga. Básicamente, consistía en echar mano de hasta seis leyes ordinarias -sobre todo, las normas de Seguridad Nacional, Protección Civil y Salud Pública- para que las limitaciones a las libertades de reunión y movimiento con los que se controla la pandemia no estuviesen bajo el paraguas del estado de alarma. "Hay 24 horas para negociar", insistió el secretario general de los populares, Teodoro García Egea.
El espejismo duró unas horas en las que el PP no quiso desvelar el sentido de su voto. Cuando en la tarde-noche del martes se anunció el acuerdo entre el Gobierno y Ciudadanos, el castillo de naipes se desmoronó. El PNV selló en la mañana del miércoles, antes del inicio del pleno, un nuevo pacto y hasta Coalición Canaria regresó al 'sí'.
Cada uno se llevó su trocito del pastel: Ciudadanos, las ayudas a empresas y trabajadores con la extensión de los ERTEs; el PNV, la llamada "cogobernanza" con las CCAA en la toma de decisiones así como la posibilidad de convocar elecciones en julio -un premio también negociado con la Xunta gallega del popular Alberto Núñez Feijóo-; mientras que CC obtuvo las ayudas a la hostelería que tanta necesidad tienen los archipiélagos que viven del turismo.
"Abstención crítica"
Al final, el PP se encontró que tampoco podía irse al 'no' pues buena parte de sus exigencias se habían cumplido... aunque las medallas se las llevaron otros. Los principales dirigentes nacionales y autonómicos trasladaron a Génova que lo mejor es una "abstención crítica", en palabras de uno de ellos. En la sede nacional del PP pesó mucho el vértigo de pasar del 'sí' al estado de alarma y sus tres primeras prórrogas -en las que no presentó enmiendas a los decretos de Sánchez- al 'no' en apenas quince días.
Las encuestas están premiando a Casado por esa mano tendida al Gobierno en medio de la pandemia y dirigentes del PP reconocían en privado que el Ejecutivo de Sánchez podría encontrarse con dificultades en la gestión ante un súbito fin del estado de alarma. Egea, por ejemplo, no detalló qué cambios urgentes había que introducir en la ley de Seguridad Nacional para que se pueda mantener las limitaciones a los derechos de reunión y movimiento.
El problema para el PP es que se ha formado una mayoría parlamentaria a favor de prorrogar el estado de alarma varias semanas más -PSOE, Podemos, PNV y Ciudadanos-, en el que los populares son prescindibles en las negociaciones.
Casado ya advirtió a Sánchez que quiere un plan B "en quince días" que permita a España salir de la citada alarma o, sino, su grupo votaría 'no'. Herido en su orgullo, el PP anunció al día siguiente de quedarse en la incómoda abstención -el presidente del Gobierno la equiparó a un 'no'- que denunciará al Ejecutivo central ante la Fiscalía por dar mascarillas defectuosas a los sanitarios.
La crisis de Madrid
La renuncia de la directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid fue inesperada y supuso un duro golpe para el Ejecutivo de coalición que lidera Isabel Díaz Ayuso. La presión estaba sobre el equipo de expertos que asesora al Gobierno central en la 'desescalada' y las controvertidas comparecencias del ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la máxima autoridad sanitaria, Fernando Simón, pero ha sido en una administración regional del PP en la que se ha producido la primera dimisión de un cargo político por discrepancias con sus superiores.
La semana fue una sucesión de vaivenes que acabaron en fiasco con la negativa de Sanidad a que Madrid pasase a la fase 1 mañana lunes. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, adelantó la intención del Ejecutivo madrileño de aprobar la solicitud que se tenía que enviar a Sanidad, pero Ayuso expresó sus reservas ante el gran número de camas UCIs que seguían ocupadas en los hospitales de la región.
El Gobierno madrileño necesitó el miércoles dos largas reuniones, un hecho completamente inusual, para decidir que quería pasar a la fase 1. Al día siguiente, por la tarde, llegó la dimisión de Fuentes que explicaba por qué había costado tanto dar el paso: Salud Pública había entregado un informe en el que desaconsejaba pasar de fase, pero fue obviado por Ayuso y sus consejeros.
A ello se unió que Fuentes se negó a firmar el documento que se tenía que trasladar al Ministerio de Sanidad. La dimisión de la directora general de Salud Pública pilló con el pie cambiado a Ayuso, quien vio cómo perdía interés la creación por primera vez en España de una Viceconsejería con ese mismo nombre y dedicada a elaborar e implementar un plan global de respuesta al covid-19 bajo el mando de Antonio Zapatero, que ha dirigido el hospital provisional de Ifema hasta su reciente clausura.
Al final, hubo un enfrentamiento entre Salud Pública, que quería mantener el confinamiento de la fase 0, y Hacienda, que advirtió a los consejeros madrileños que mantener la hostelería cerrada como hasta ahora supone un grave perjuicio económico y de empleo para la región.
Cada día que los bares y restaurantes están cerrados en la comunidad se van al paro más de 3.000 personas, unas 25.000 en el cómputo de una semana, según estimaciones del Ejecutivo de Ayuso, que no se esperaba el incendio que iba a producir Fuentes con su dimisión.
