El Congreso de los Diputados sufre una parálisis legislativa histórica desde que los nuevos partidos irrumpieron en el tablero político español en las elecciones de diciembre de 2015. La Cámara Baja sólo ha conseguido aprobar una ley orgánica en lo que va de legislatura y catorce leyes de carácter ordinario. Pocas con relumbrón mediático a excepción de los Presupuestos o el Cupo Vasco. La mayoría, transposiciones de directivas europeas. La orgánica, para garantizar que las personas con discapacidad puedan participar en los jurados populares.
Mientras que el Gobierno vuelve a hacer uso del decreto ley para impulsar sus medidas (27 en esta legislatura), las 175 proposiciones de ley (PL) que hasta el momento han presentado los grupos de la oposición se empotran contra el veto del Ejecutivo en la Mesa del Parlamento o con la ampliación eterna del período de enmiendas por parte del Grupo Parlamentario Popular y de Ciudadanos.
El Gobierno usa la potestad constitucional de frenar las iniciativas que pueden suponer un aumento del gasto público o una disminución de los ingresos. El problema es que si antes se hacía fundamentalmente para el ejercicio en curso, ahora lo utiliza de cara al futuro. El PSOE anunció esta semana que llevará al Tribunal Constitucional un recurso de amparo por el veto del Gobierno a una proposición de ley para reformar la Ley de Seguridad Social y flexibilizar el cobro de una pensión no contributiva por parte de dos familiares. Los socialistas confían en que el TC fije jurisprudencia para el resto.
Se trata de un caso muy peculiar, en el que dos hermanas de Soria que vivían en la misma residencia de ancianos tuvieron que separarse para que una de las dos no perdiera su pensión no contributiva de 400 euros, al ser consideradas como una unidad familiar.
Los últimos meses se han convertido en un verdadero frenesí de presentación de propuestas. "Las PL son las nuevas PNL", bromean fuentes parlamentarias. Los partidos las registran, logran el titular y después se guardan en la nevera hasta nuevo aviso. Algunas llevan más de un año en barbecho.
A lo largo de la historia de la democracia española el número de Proposiciones No de Ley (la que tienen carácter orientativo de la política sin rango normativo) superan muy numerosamente a las Proposiciones de Ley (las normas que pueden terminar en el Boletín Oficial del Estado). Ante el Pleno ya se han presentado 582 mientras que en Comisión van por 2874.
En la anterior legislatura, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy gozaba de mayoría absoluta fue muy criticado por abusar del decreto ley para impulsar sus medidas con carácter de urgencia y sin necesidad de someterlas al debate parlamentario. Las tornas se han invertido desde el 26-J y Rajoy se quedó en clara minoría por primera vez y necesita el apoyo de su socio de investidura para sacar adelante sus leyes en el Congreso. A pesar de ello, el grupo popular sólo ha presentado 16 proposiciones de Ley.
