El PSOE ya está en precampaña. La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha comparecido junto a la titular de Justicia, Dolores Delgado, para dar cuenta de las medidas aprobadas in extremis este viernes en el Consejo de Ministros. Entre ellas, la reforma educativa y la exhumación de Franco. Dos de los sellos de la etapa presidencial de Pedro Sánchez.
Sin embargo, la nueva ley educativa española, conocida como 'Ley Celaá' y principal propuesta en materia educativa del Gobierno socialista, llega al Congreso para encallar. Después de aprobarse en el Consejo, se tramitará en la Cámara Baja como proyecto de ley, pero la disolución de las Cámaras anunciada por el presidente minutos antes impedirán que el texto prospere.
Celaá defiende que no se ha pedido ni se ha tenido que esperar a un dictamen del Consejo de Estado sobre el texto porque no es preceptivo
Es decir, el texto, que no deroga al completo la Ley Wert, quedará suspendido una vez que el 5 de marzo se disuelvan las Cortes ante la convocatoria electoral anunciada para el próximo 28 de abril.
A preguntas de los periodistas, Celaá ha dicho que el Ejecutivo ha decidido aprobar en este momento este proyecto "por respeto a todas las personas que han venido trabajando y respaldando la ley" y que no se ha pedido ni se ha tenido que esperar a un dictamen del Consejo de Estado sobre el texto porque no es preceptivo.
Religión y concertada
La ministra ha hecho un extenso argumentario sobre los beneficios de la denominada Lomlou (Ley Orgánica por la que se Modifica la Ley Orgánica de Educación, LOE, de 2006, que deroga a su vez la Lomce de 2013).
Es "imprescindible" modificar la Lomce porque "vino a interrumpir el equilibrio en el sistema", según Celaá, que ha criticado que haya descendido el número de graduados tres puntos en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y en dos puntos en el Bachillerato.
La ministra también ha recalcado que la Lomce "nos separaba de las corrientes europeas en competencias educativas". Ha asegurado que el texto aprobado es el resultado de un amplio proceso de participación, aunque la oposición y diversos agentes de la comunidad educativa han acusado a la ministra de elaborar una ley estatal que ataca a la religión, al castellano, a la concertada y a los centros de educación especial.
