Giro de 180 grados en Ciudadanos. El partido de Albert Rivera e Inés Arrimadas está dispuesto ahora conservar la Agencia Tributaria de Cataluña como singular estructura de la Generalitat. Así lo asegura en el programa electoral que acaba de presentar para las autonómicas del próximo 21 de diciembre. Sorpresivamente, justo en un momento en que la formación centrista está haciendo bandera de la defensa de la igualdad entre los distintos territorios, con su oposición al Cupo vasco, sin embargo, ha introducido con calzador todo un indulto a la Agencia Tributaria catalana en su apuesta para el 21-D.
"Garantizaremos que la Agència Tributària de Catalunya (ATC) esté al servicio de todos los ciudadanos y no sólo de la causa independentista. La ATC fue creada en el año 2007 para recaudar los impuestos de la Generalitat, pero durante los últimos años los partidos separatistas han querido convertirla en una 'Hacienda propia'. Queremos garantizar que la ATC ejerza sus competencias sin ninguna duda sobre su legalidad para devolver la seguridad jurídica a todos los ciudadanos y empresas de Cataluña. Asimismo, potenciaremos su coordinación con la Agencia Tributaria del Estado con el objetivo de reforzar la lucha contra el fraude fiscal para que ningún defraudador quede impune", reza en el programa electoral aprobado por el Consejo General de Cs el pasado sábado.
Llama la atención esta actitud de Ciudadanos, por muchos matices que introduzca para justificar el mantenimiento de este organismo, cuando en el año 2007 votó en contra de su creación -por parte del tripartito de José Montilla (PSC)- en el Parlamento de Cataluña. La formación naranja se integraba entonces en el Grupo Mixto y tenía tres diputados: su actual presidente, Albert Rivera, José Domingo y Antonio Robles.
En aquella votación, sólo PP y Ciudadanos se opusieron al germen de una 'Hacienda' catalana, que sí tuvo el respaldo de PSC, ICV y ERC, socios de gobierno, y de CiU en la oposición. El propio Artur Mas, luego presidente de la Generalitat e ideólogo del proceso separatista, expresaba entonces su "gozo" y se congratulaba de que "en un tema de país, hayamos sido capaces de ponernos de acuerdo con el gobierno de la Generalitat".
Por su parte, la actual vicepresidenta del Gobierno de Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, que ocupaba en esa época la secretaría de Política autonómica del PP, denunció que la Agencia Tributaria Catalana era un paso más para "acabar con la unidad entre los españoles".
"Capricho identitario"
En las filas de Ciudadanos, el que era su portavoz adjunto en la Cámara catalana, criticó que se trataba de un proyecto procedente de un "capricho identitario". Pero el rechazo no quedó ahí. El partido de Rivera también acudió en 2007 al Defensor del Pueblo en Madrid para que interpusiera un recurso de inconstitucionalidad contra ley catalana relativa a la creación de esa agencia tributaria propia.
"Tenemos que empezar a darle la vuelta a lo que, desde hace 20 años, es un principio que se está imponiendo, que es el principio de insolidaridad", incidió entonces Cs.
Sin embargo, el abrazo ahora del partido naranja a la Agencia Tributaria de Cataluña contrasta además con la postura defendida en su programa electoral para las autonómicas del 27 de septiembre de 2015, ya con Arrimadas como candidata a la Presidencia de la Generalitat.
El partido de Rivera acudió en 2007 al Defensor del Pueblo en Madrid para que interpusiera un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de creación de la Agencia Tributaria Catalana
El partido de Rivera también acudió al Defensor del Pueblo en Madrid para que interpusiera un recurso de inconstitucionalidad contra ley catalana relativa a la creación de esa agencia tributaria propia
En dicho programa, Ciudadanos apostó por una "Hacienda compartida" entre Estado y Generalitat bajo el epígrafe "España unida y diversa". En concreto, la formación centrista concurrió a la urnas prometiendo una "corresponsabilidad fiscal mediante una agencia tributaria única consorciada, una 'Hacienda compartida', entre la Administración Central y las comunidades autónomas para evitar deslealtades y retrasos en los pagos, garantizando la coordinación de las bases de datos de todas las administraciones para luchar contra el fraude fiscal". "Una 'Hacienda compartida' para compartir la gestión, recaudación, liquidación e Inspección de los impuestos", enfatizaba la candidatura naranja.
