El comisario de confianza de Fernando Grande-Marlaska, José Antonio Rodríguez (Lenin), ha reconocido este lunes ante el juez que fue él la persona encargada de contactar con Koldo García para contratar a la empresa de la trama, Soluciones de Gestión, para adquirir mascarillas en pandemia.
Fuentes jurídicas presentes en la declaración confirman a Vozpópuli que el director general de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad ha asegurado que gestionó el contacto con Koldo García para que Interior contratara a la empresa de la trama. No obstante, al ser preguntado por la persona que le dio el teléfono del asesor de José Luis Ábalos ha respondido que no lo recuerda.
En un momento en el que las mascarillas que se recibían a través de INGESA -dependiente de Sanidad-, Interior necesitaba "buscar otras fuentes" para asegurar la seguridad de los agentes. Fue entonces cuando, en el ámbito Centro de Coordinación Operativa de Seguridad Ciudadana, se informa a Rodríguez de que en el Ministerio de Transportes está adquiriendo mascarillas y que la persona encargada de coordinar la compra de material sanitario es Koldo García.
Según Rodríguez, tras contactar con el asesor de Ábalos, este le pasa información del empresario Íñigo Rotaeche (de Soluciones de Gestión) y, entonces, le envía la información a Daniel Belmar, el subdirector general de Planificación de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.
La declaración de 'Lenin' va en la línea de lo ya defendido por Belmar en sede judicial donde expuso que la persona que le dio la directriz para contratar con Soluciones de Gestión fue el propio José Antonio Rodríguez. Según dijo, acató el mandato porque, aunque no era su superior jerárquico, entendió que era como si procediera del ministro, por la cercanía entre ambos.
Sin embargo, al igual que el comisario de confianza de Marlaska, Belmar no despejó ciertas dudas al ser preguntado por algunos de los aspectos claves de la contratación de Interior de la empresa del 'caso Koldo'. Entre otras cosas, Belmar aseguró no recordar los pormenores de las reuniones interministeriales celebradas entonces y desconocer si firmó el acta de conclusiones sobre la auditoría interna que hizo Interior por esta adjudicación, aunque sí aseguró que la práctica totalidad de las gestiones las llevó a cabo él solo y que muchas de ellas fueron por teléfono.
El avance de las pesquisas ha desvelado que el ministerio dirigido por Grande-Marlaska, en concreto, la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial, firmó el 20 de abril de 2020 un contrato con Soluciones de Gestión por valor de 3,47 millones de euros. El objetivo era proveer de material sanitario a la Secretaría de Estado de Seguridad.
Entre los cargos de Interior señalados por la contratación de la empresa de la trama, también destaca el 'número dos' de Marlaska, Rafael Pérez Ruíz, superior directo de Belmar como secretario de Estado de Seguridad. La acusación popular ejercida por Vox ha pedido su comparecencia como testigo, al igual, que la de José Manuel Fraile Azpeitia, el máximo responsable de la Subdirección de Gestión Económica del Ministerio, que fue la que ejecutó el contrato.
El contacto de Koldo con Baleares y Canarias
La declaración de José Antonio Rodríguez, alias Lenin, llega después de las revelaciones aportadas por el último informe de la UCO, en el que se apunta a Koldo como el negociador con otras administraciones como el Gobierno de Islas Baleares y Canarias. En concreto, el asesor del exministro se puso en contacto con la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en agosto del año 2020, para hablar sobre la compra de test de antígenos.
En esta ocasión, Koldo contactó con Armengol y Torres para "proponer la contratación de Eurofins Megalab y Fertinvest para realizar pruebas PCR" a los residentes de las islas. Varias conversaciones recogidas en el informe de la UCO, desvelan que era el propio Koldo el encargado de ponerse en contacto con los presidentes autonómicos para gestionar la contratación de la empresa de antígenos.
Sobre la contratación de Baleares y Canarias de Soluciones de Gestión para la compra de mascarillas, el juez Ismael Moreno amplió el foco hacia las islas con la solicitud de los correos corporativos de altos cargos de los gobiernos autonómicos que contrataron a la empresa de la trama. Dicha decisión llegaba después de que el Tribunal Supremo resolviera que la competencia para investigar estas adjudicaciones es de dicho órgano.
Según el juez de la Audiencia Nacional, corresponde a su juzgado "conocer las eventuales irregularidades que se pudieran haber cometido" en la tramitación de los cuatro contratos que firmó el Servicio Canario de Salud con Soluciones de Gestión y del que adjudicó Balares, ambos bajo las presidencias de Ángel Víctor Torres y de Francina Armengol, respectivamente.
Este lunes, también han declarado como testigos dos inspectoras que participaron en el informe de auditoría que encargó el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre los contratos adjudicados por entes dependientes de su departamento, y ambas se ha ratificado en su informe.
