No a un salario máximo, sí a un incremento del salario mínimo interprofesional (SMI). La Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso ha rechazado este miércoles instaurar un techo salarial en empresas y administración pública, como reclamaba ERC, e instar al Gobierno a que suba el SMI, a propuesta del PDECAT -antigua Convergència-. La proposición no de ley (PNL) de Esquerra iba encaminada a exigir que el Ejecutivo realizara “las reformas legislativas oportunas con la finalidad de establecer un techo salarial máximo bruto vinculado al salario más bajo en relación 1:12 dentro de una misma empresa”. Es decir, establecer por norma que un directivo no pueda ganar más en un mes de lo que cualquier trabajador de la misma compañía gana en un año. Igualmente, pedía establecer idéntico sistema en “todos los sueldos del sector público de cualquier tipo”.
Solo Unidos Podemos ha avalado la iniciativa, enmendándola para que incluyera también la petición de subir el SMI a 1.000€ mensuales a lo largo de la legislatura y el rechazo a la “estrategia económica de ganar competitividad vía devaluación interna mediante la reducción salarial y la precariedad del empleo”. El resto de grupos la ha rechazado o se ha abstenido, unos por entender que ese debate corresponde al ámbito del diálogo social y otros por considerarlo contraproducente.
El PP tilda de “comunista”, “intervencionista” y contraria a la “libertad contractual” la idea de fijar un techo salarial
La representante del PP, Ana Belén Vázquez, ha tildado de “comunista”, “intervencionista” y contraria a la “libertad contractual” la intención de equiparar los salarios por ley. Jordi Salvador (ERC), encargado de defender la PNL, ha puesto el énfasis en el “aumento de la desigualdad” producido los últimos años, consecuencia, a su modo de ver, del incremento de la “desigualdad salarial”.
También ha criticado los “salarios obscenos” que perciben directivos como los del “sector financiero” y ha reclamado fijar un techo para conseguir un “mayor reparto de la riqueza”. Desde el PSOE, Merce Perea ha calificado de “inviable” la iniciativa y ha asegurado que su primera consecuencia sería “mejorar los beneficios de la empresa”, no subir los salarios de los que menos cobran. Los socialistas se han abstenido porque creen que hay que “debatir a fondo” sobre la cuestión, “ampliando el foco”.
El PDECAT, socio de ERC en Cataluña, también ha optado por la abstención tras ver rechazada su enmienda de que el debate se trasladara al diálogo social porque “no está maduro” como para instar al Gobierno a actuar para fijar un salario máximo. El PNV ha emitido una opinión muy similar, cuestionando la “coherencia y sinceridad” de la discusión. Ciudadanos, que ha votado en contra, ha afeado al partido impulsor de la PNL que defienda esta postura al tiempo que respalda a un presidente de la Generalitat que cobra “145.000 euros” al año, superando “claramente la proporción” de 1:12.
Además de esta PNL, la Comisión de Empleo ha debatido seis más. Cinco han sido aprobadas y una rechazada. Entre las primeras, la más importante es la que planteó el PDECAT para reclamar la subida del salario mínimo. Todos los grupos, salvo el PP y Ciudadanos, la han avalado. El texto de la proposición insta al Gabinete de Rajoy a acordar con sindicatos y patronal “un calendario de incremento continuado del SMI” que permita situarlo, en un plazo de cuatro años, en 12.000€ anuales. A partir de ahí, habrá de garantizar que “permanentemente” se coloque en el umbral del 60% del salario medio, como establece la Carta Social Europea. Los populares han votado en contra al no ver aceptada su enmienda de no fijar plazos para el incremento, sino adecuarlo a la coyuntura económica, y C's se ha abstenido.
Igualmente, se ha acordado instar a legislar para eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres, reformar el régimen jurídico de los empleados de entidades públicas empresariales -con especial consideración a TRAGSA-, impulsar la formación profesional en el ámbito laboral y mejorar las condiciones de los autónomos. Solo se ha rechazado una iniciativa de Unidos Podemos relativa a la homologación de la renta agraria y el subsidio agrario.
