Nadie sabe cómo acabará la batalla legal abierta esta semana en el Congreso por PP y Ciudadanos contra el atajo usado por el PSOE para cambiar la Ley de Estabilidad y poder aprobar los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) cuanto antes. Cada parte interpreta el Reglamento a su antojo y esgrime distinta jurisprudencia de Tribunal Constitucional que no cierra la puerta a ningún argumento.
El Gobierno buscaba eliminar de la forma más rápida posible la capacidad de veto que el Senado tiene sobre la senda de déficit; el paso previo para aprobar los PGE. Como PP y Cs negaron el trámite urgente y por lectura única que pedían los socialistas para agilizar los plazos, Pedro Sánchez optó por armar un 'plan b'. Pero la argucia ideada para suprimir la inusual atribución que los populares otorgaron en 2012 a la Cámara Alta ha metido al Parlamento un verdadero embrollo jurídico sobre el que ni el Reglamento ni las sentencias del TC son determinantes.
Hasta ahora, los vacíos legales y los artículos abiertos en exceso a la interpretación habían quedado camuflados bajo el manto de las mayorías absolutas del bipartidismo. Pero la nueva realidad parlamentaria -con cuatro partidos 'grandes'- ha hecho que afloren continuos conflictos legales que ni los letrados de las Cortes tienen claro cómo resolver. El Reglamento apenas ha sufrido cambios sustanciales desde que fue aprobado en 1982.
Quien dirige el Congreso y quienes suman mayoría en el órgano rector (la Mesa) no son del partido del Gobierno
En los últimos cuarenta años, las dos fuerzas mayoritarias solventaban las dudas de funcionamiento en base a pactos no escritos o, como mucho, mediante resoluciones de la Presidencia que aclaraban conflictos puntuales. Pero ahora se da la circunstancia de que quien dirige la Cámara Baja y quienes suman mayoría en el órgano rector del Parlamento (la Mesa) no pertenecen al partido del Gobierno. Por tanto, el conflicto entre bloques está servido.
Los 3 ejes de la pelea
La Mesa del Congreso analizará en una reunión extraordinaria este lunes cuál es el siguiente paso de la batalla que ahora mismo plantea la maniobra de los socialistas. La cuestión no es baladí. Al margen del mero funcionamiento parlamentario, la pelea legal afecta directamente a la hoja de ruta del Ejecutivo y determinará el momento en que Sánchez decida apretar el botón de las elecciones.
La polémica legal se divide entre tres partes sobre las que las posturas no pueden estar más enfrentadas. Primero, hay que decidir si la Mesa del Congreso -que controlan PP y Cs- puede o no enmendar una decisión de la Mesa de la Comisión de Justicia -que controla el PSOE-. Segundo: hay que dilucidar si la enmienda presentada por los socialistas para quitar el veto del Senado tiene conexión o no con la Ley que pretende modificar (una del Poder Judicial para mejorar la formación de los jueces en la lucha contra la violencia machista). Y tres: hay que decidir si se pueden tramitar en paralelo dos iniciativas con un mismo contenido.
PP y Cs ven claro que la Mesa tiene potestad para reconducir los trabajos y evitar así la posible "inseguridad jurídica"
Fuentes populares creen que "con el Reglamento actual, la Mesa de la Cámara puede rechazar la enmienda socialista para que su contenido se traslade a la proposición de ley de Estabilidad Presupuestaria" que el Pleno admitió a trámite esta misma semana. En este sentido, naranjas y populares entienden que la Mesa tiene potestad suficiente para reconducir los trabajos y evitar así la posible "inseguridad jurídica" de que una misma materia se regule por dos vías distintas. Los socialistas, en cambio, se reafirman en que la Mesa de Justicia es soberana y que la Mesa 'grande' no puede corregir la decisión de calificar una enmienda.
Al margen del presunto conflicto de atribuciones entre dos órganos parlamentarios, los populares esgrimen el argumento de la homogeneidad. No creen que la enmienda socialista tenga ninguna conexión con la Ley que pretende modificar. "Es como si quisieran cambiar una ley de aguas con una enmienda sobre minas", critican. El PSOE, por su parte, argumenta que la enmienda para eliminar el veto del Senado tiene una "motivación presupuestaria" dada la "urgencia de flexibilizar los objetivos de déficit para que haya más recursos destinados a la Administración de Justicia y contra la violencia de género".
A pesar de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que exponen naranjas y populares en los dos recursos de amparo presentados ante la Mesa del Congreso, el Letrado de las Cortes Manuel Fernández-Fontecha advierte de que el requisito de la homogeneidad no está del todo cerrado. "Ni la Constitución ni los reglamentos exigen que haya esa congruencia entre la enmienda y el proyecto de Ley", recuerda. En todo caso, el TC dice en una sentencia de 2011 que las Mesas de las Cámaras tienen "un amplio margen de apreciación para determinar la existencia de conexión material". Eso sí, mediante "una valoración motivada, aunque sea sucintamente". La puerta queda abierta a la interpretación.
¿Reformar el Reglamento?
A la espera de conocer qué decide el órgano que controlan en último término Pablo Casado y Albert Rivera, el letrado opina que la mejor solución "sería que hubiese una definición reglamentaria sobre este asunto". Aunque cada vez que se ha intentado abordar la reforma de las reglas de juego del Parlamento, cada partido saca su larga lista de propuestas y la negociación termina encallando ante la falta de consenso. A comienzos de la década anterior se intentó sin mucho éxito implementar un mayor control al Gobierno.
Sin embargo, en Ciudadanos sí se muestran abiertos a revisar las reglas de juego de la Cámara. "Somos favorables. Estaría bien estudiarlo. Al tiempo que vamos viendo determinadas lagunas, podríamos cumplimentarlas con la doctrina del Tribunal Constitucional", explica el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas.
"Nosotras estamos elaborando una propuesta de modificación del Reglamento, pero creemos que hay cuestiones mucho más importantes de las que se están planteando ahora con la enmienda a la ley de Estabilidad. Tienen que ver precisamente con hacer un Parlamento más transparente, eficaz y democrático, reconociendo la pluralidad de sus representantes", señala, por su parte, la diputada de Unidos Podemos y vicepresidenta cuarta del Congreso, Gloria Elizo.
Tanto diputados del PSOE como de Unidos Podemos han criticado durante los últimos meses -incluso antes de la moción de censura- a la presidenta Ana Pastor por actuar de forma "partidista". Y el PSOE sugiere una posible reprobación. Sin embargo, fuentes del Grupo Socialista creen que, al margen de la reforma del Reglamento, lo necesario sería que PP y Cs "respeten la forma en que el Congreso ha trabajado durante todos los años de democracia".
PSOE: la Mesa debería dedicarse a ordenar los trabajos y dejar las decisiones políticas a la Junta de Portavoces
Insisten en que la Mesa que controlan los partidos de centro-derecha debería dedicarse únicamente a ordenar los trabajos y gestionar el funcionamiento, y dejar las decisiones políticas a la Junta de Portavoces. "Lo que no puede hacer el PP es bloquear la acción del Parlamento cuando está en el Gobierno y, cuando sale de él, vetar no sólo la acción del Ejecutivo sino también del Legislativo desde una Mesa en la que ni siquiera está representada la realidad de la Cámara", rematan.
Si la Mesa decide 'tumbar' la argucia de los socialistas, lo más probable es que el PSOE pida la reconsideración del acuerdo y tenga que llevar el asunto al Constitucional. Allí, los plazos se alargarán más que el propio cambio de la Ley de Estabilidad por la vía ordinaria. Por contra, si Pastor no anulase la 'intentona' del PSOE y permitiese que siga el trámite hacia el Senado, serían los diputados naranjas o los propios populares quienes podrían pedir amparo al TC. La guerra se adivina larga.
