El Gobierno acelera los contactos con los independentistas catalanes y nacionalistas vascos para asegurar los apoyos al nuevo decreto de alquileres que pretende aprobar en Consejo de Ministros y convalidar en el Congreso una vez que estén disueltas las Cortes Generales.
Desde ERC aseguran estar estudiando el contenido del borrador remitido por el Ejecutivo. "No tenemos nada debatido ni mucho menos voto decidido", expresan fuentes de la formación republicana. A pesar de ello, no debería haber ningún impedimento para que los de Oriol Junqueras den su visto bueno al texto que Fomento ha trabajado con Unidos Podemos. Según expuso el diputado Joan Margall en una interpelación a, el nuevo decreto debería incluir la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional. No podemos poner parches a un grave problema como la vivienda, si no atacamos el problema de fondo que es la regulación del mercado.
Por su parte, el PDeCAT también se encuentra revisando todos los puntos del borrador y se fijan especialmente en que no invada competencias propia de la Autonomía. Desde el PNV, por su parte, someten a revisión el texto aunque aseguran no tener "prisa". E insisten en que si no están de acuerdo con la "totalidad" del contenido, no darán un sí a ninguno de los decretos que el Ejecutivo pretende seguir aprobando durante las próximas semanas en la Diputación Permanente, el órgano de la Cámara que sigue activo entre legislaturas.
Y ahí el Gobierno necesita también el apoyo de EH Bildu. Fuentes del grupo vasco explican que el Gobierno no ha contactado con ellos para sondear su apoyo. Aseguran no tener el texto y conocer el contenido del borrador a través de otros grupos presentes en la negociación. "Hasta conocer los detalles no determinaremos el sentido de nuestro voto, en el caso de que se convoque la Diputación Permanente", rematan. En base a eso "no podemos valorar si supone un avance suficiente con lo que antes rechazamos", zanjan las fuentes mencionadas.
El Congreso tumbó el pasado 22 de enero un decreto sobre vivienda y alquileres. Podemos justificó su voto en contra porque el texto aprobado por el Ejecutivo dejaba fuera la posibilidad de que Comunidades y Ayuntamientos fijasen topes máximos para los precios.
En el nuevo texto negociado entre los morados y representantes del Ministerio de Fomento se incluyen mejoras respecto al anterior texto que, a priori, no deberían impedir el consenso entre los grupos parlamentarios. El borrador fija que las subidas entre un año y otro se limitarán obligatoriamente al incremento del IPC. Asimismo, contempla la elaboración de un sistema de índice de precios en el que pueden participar las Comunidades.
