La decisión del teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, de pedir a la Sala de Admisiones del Alto Tribunal que archive la investigación contra Pablo Casado no tendrá una consecuencia directa en la investigación de la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes, a quién se le atribuía unos hechos delictivos diferentes a los del presidente del PP.
En concreto, la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, acordó imputar a Cifuentes por los delitos de falsificación de documento público y cohecho impropio, mientras que a Casado le atribuía los delitos de prevaricación, en calidad de cooperador necesario, y de cohecho, aunque este estaría prescrito.
Es decir, que la decisión de la Fiscalía del Supremo no tendría un hipotético efecto arrastre sobre la falsedad documental que se le imputa a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, ya que en este caso la clave está en que presuntamente se modificaron las actas de sus notas y del tribunal de evaluación final.
Cooperadora necesaria
Si se demuestra que Cifuentes contribuyó a la falsificación, bien como inductora o como cooperadora necesaria, sí que podría darse ese concierto que ahora la Fiscalía niega en el caso de Casado, que muy probablemente no será investigado en el Tribunal Supremo.
Por ello resulta de vital trascendencia en el 'caso Cifuentes' la imputación de María Teresa Feito, exasesora del Gobierno madrileño que acudió presuntamente a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) para presionar a una profesora sobre el trabajo fin de máster de la expresidenta madrileña.
El ministerio público considera que no se puede atribuir un delito de prevaricación administrativa, en calidad de cooperador necesario, a Casado ya que la juez de Madrid no incluyó en su exposición razonada dirigida al Tribunal Supremo ninguna prueba del supuesto concierto entre el presidente del PP y el director del Instituto de Derecho Privado (IDP), Enrique Álvarez Conde.
Notas alteradas
Por el contrario, a Cifuentes no se le imputa el delito de prevaricación, sino el de falsificación de documento público al reconstruir su expediente académico. Obtuvo el título sin ir a clase y presuntamente se benefició de convalidaciones y notas alteradas años después. El acta de evaluación de su trabajo de fin de máster (TFM) contiene dos firmas presuntamente falsificadas.
Otros implicados en el 'caso Cifuentes' son Pablo Chico de la Cámara, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y número dos del Instituto de Derecho Público (IDP), a quien se le acusa de ordenar a la funcionaria Amalia Calonge que modificara una nota de Cifuentes.
En el caso de la exministra de Sanidad Carmen Montón, la juez abrió diligencias por presuntos delitos de cohecho impropio y prevaricación, los mismos por los que pidió al Supremo que investigara al presidente del PP, Pablo Casado.
