La decisión del teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, de pedir el archivo de la investigación sobre el máster del presidente del PP, Pablo Casado, anticipa un efecto dominó que podría beneficiar a otros alumnos del máster del Instituto de Derecho Público (IDP) de la Universidad Rey Juan Carlos, como por ejemplo la exministra de Sanidad Carmen Montón, que este viernes fue imputada por la juez Carmen Rodríguez-Medel tras ser objeto de una denuncia anónima.
En el caso de la exministra de Sanidad, la juez ha abierto diligencias por presuntos delitos de cohecho impropio y prevaricación, los mismos por los que pidió al Supremo que investigara al presidente del PP.
El probable archivo de la causa para los alumnos cobra mayor fuerza tras comprobar que el fiscal ha destacado que la instructora no incluyó en su exposición razonada ninguna prueba concreta del concierto delictivo entre el dirigente conservador y el cabecilla del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde.
Precisamente este viernes, el Consejo de Gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) acordó la disolución del Instituto de Derecho Público, el centro académico en el que cursaron sus másteres Cristina Cifuentes, Carmen Montón y Pablo Casado.
"Meras sospechas"
El razonamiento del teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, establece que a Pablo Casado, como alumno, no se le puede imputar un delito de prevaricación administrativa, del que sólo podría ser cooperador necesario, ya que hasta el momento la juez Rodríguez-Medel sólo ha mostrado "meras sospechas y conjeturas" de un supuesto concierto para delinquir, según especifica el escrito en el que el ministerio público reclama al Tribunal Supremo el archivo de la investigación contra el presidente del PP.
Y como pruebas de este efecto dominó sobre las causas abiertas contra los alumnos imputados están las providencias dictadas este viernes por la juez Rodríguez-Medel, en las que solicita a la Fiscalía que se pronuncie sobre el archivo de la causa en relación a tres compañeras de promoción del máster que cursó Casado; pero también sobre la acusación contra un alumno que estudió con la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes.
Las tres alumnas imputadas por un delito de prevaricación en la pieza C, que es la de Pablo Casado, son María Mateo Feito, que ejerció dos cargos en Gobiernos de Mariano Rajoy en los ministerios de Empleo y Economía; Alida Mas Taberner, que fue subsecretaria de la conselleria de Educación de la Generalitat valenciana, durante la presidencia de Francisco Camps; y la profesora de la URJC María Dolores Cancio Álvarez.
Máster regalado
Precisamente, María Dolores Cancio reconoció ante la juez que Álvarez Conde le regaló el máster sin hacer nada porque lo necesitaba para doctorarse. A Mas Taberner la instructora también le atribuye el delito de cohecho impropio porque en el momento de los hechos ocupaba un cargo en el Gobierno valenciano, según informa Efe.
Una segunda providencia apuntala el probable efecto dominó de la decisión de la Fiscalía del Tribunal Supremo, ya que en la misma la juez pregunta al ministerio público de Madrid si archiva la causa de uno de los compañeros de la expresidenta de la Comunidad Cristina Cifuentes que cursaron el máster en Derecho Autonómico de la URJC en la promoción de 2011/2012, informa Europa Press.
Crítica al fiscal
En una de las dos providencias en las que la juez Rodríguez-Medel se dirige al ministerio público sobre la imputación de los alumnos de los másteres, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, la instructora desliza una crítica contra la Fiscalía de Madrid, sobre la que recuerda que hasta el momento no había presentado "recurso alguno" en relación con la resolución que acordaba la citación como investigado de un alumno, Álvaro M, en clara analogía a la exposición razonada de Casado.
Y por eso la juez le pregunta a la Fiscalía madrileña, de forma textual, si "interesa ahora el archivo de la causa en relación con el mismo por su presunta intervención en un delito de prevaricación, o si, por el contrario, entiende que existen indicios del concierto en la prevaricación a la vista de las manifestaciones que hizo en sede judicial cuando declaró como investigado".
