"Un Gobierno tiene que gozar de una cohesión interna absoluta y en asuntos de Estado hay discrepancias de fondo con Unidas Podemos". Es lo que pensaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en julio de 2019. "Somos un Gobierno unido y las diferencias se resuelven a puerta cerrada. España va a ver un Gobierno unido", replicaba el vicepresidente Pablo Iglesias hace apenas dos semanas.
Ahora, el proyecto de ley de libertad sexual impulsado por el departamento de Irene Montero ha sido la última de las disputas entre morados y socialistas que ha puesto fin al idilio de los apenas dos meses de recorrido del primer Ejecutivo de coalición basado en un acuerdo de cincuenta páginas con los ejes de actuación. Una guerra abierta entre la vicepresidenta Carmen Calvo y los morados, con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, como diana de los ataques morados.
En vista de las posibles tensiones que surgirían a la hora de implementar el pacto de gobierno de cincuenta páginas, ambas formaciones acordaron poner en marcha una comisión permanente de seguimiento del acuerdo integrada por dos representantes de Presidencia, dos de las vicepresidencias primera y segunda, uno de la secretaría de Estado de Comunicación, otro del área de comunicación de la vicepresidencia de Iglesias y un representante de cada grupo parlamentario en el Congreso.
Un día después de la investidura firmaron un "Protocolo de funcionamiento, coordinación, desarrollo y seguimiento del acuerdo del gobierno progresista de coalición", de cinco páginas, que ha quedado en papel mojado ante las filtraciones a la prensa de los errores técnicos de proyecto de Ley de Montero y las declaraciones públicas de los responsables morados.
Recurso de José Couso
Por su parte, los morados también se han expresado públicamente en contra de la decisión de la Abogacía del Estado de recurrir la sentencia dictada por la Audiencia Nacional que ordena al Estado a indemnizar a la familia del reportero gráfico de Telecinco José Couso, que falleció en Irak en 2003 por un disparo realizado por las fuerzas de Estados Unidos. El Alto tribunal entiende que España no defendió los intereses de la esposa y los hijos del cámara frente a EEUU. Sin embargo, el Ejecutivo entiende que esa resolución "transforma el derecho de protección consular casi en la obligación del Estado de atender cualquier petición de cualquier español que se encuentre en el extranjero".
Así se lo trasladó la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya a la familia del reportero la semana pasada. "Seguiremos trabajando para que a la viuda, hijos y familia de José Couso les sea plenamente reparado el daño causado", dicen en un comunicado desde Unidas Podemos. En este sentido, creen que "la Sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional se ha pronunciado claramente sobre la procedencia de la indemnización y reparación establecida".
Devoluciones en caliente
Ambas formaciones lograron apagar el fuego desatado tras la sentencia de Estrasburgo sobre las devoluciones en caliente y la interpretación expuesta por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Los morados tildaron de "impresentable" la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos. A alguien que los defienda "no le puede parecer bien la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que dice que se pueden suspender temporalmente los derechos humanos de personas que vienen huyendo del hambre y de la guerra", exponían.
Colegios segregados
Tampoco están contentos los morados con la nueva ley educativa impulsada por Isabel Celaá. El texto al que dio luz verde este martes el Consejo de Ministros no contempla la retirada de subvenciones a escuelas concertadas que apuesten por la educación diferenciada entre niños y niñas, como estaba recogido en el acuerdo para la formación del Ejecutivo de coalición. De esta forma, los de Iglesias ven el articulado llamado a sustituir a la polémica LOMCE tras su paso por el Congreso como un incumplimiento de ese pacto que proponía impedir la segregación por sexo en los colegios sostenidos con ayudas estatales. En España existen alrededor de 90 centros concertados que separan a las niñas y a los niños.
