El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dado quince días de plazo a los diputados de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó para que paguen la fianza de 4,5 millones que les ha impuesto por organizar el referéndum del 1-O desde la consellería que dirigía Oriol Junqueras.
En un escrito, al que ha tenido acceso Efe, la magistrada del alto tribunal catalán Maria Eugènia Alegret abre una pieza separada de responsabilidad civil en la que emplaza a ambos procesados a depositar la fianza exigida y, de no hacerlo, les advierte que se procederá a embargar bienes de su propiedad para asegurar esa cantidad.
La fianza de 4,5 millones de euros la fijó la magistrada en el auto en el que la semana pasada acordó procesar por los delitos de malversación, prevaricación, desobediencia y revelación de secretos a ambos diputados de ERC, que fueron cargos del Departamento de Economía en la etapa en la que Junqueras dirigía la consellería.
Concretamente, la juez atribuye a Jové la malversación de gastos públicos relativos a la publicidad y difusión del 1-O (277.804 euros), al suministro de papeletas y censo electoral (980.312 euros), la cartelería y propaganda (51.750 euros), los observadores internacionales (409.023 euros) y el registro de catalanes en el extranjero (314.451 euros).
Todo ello por un valor global de 2.166.661 euros supuestamente malversados, que a la hora de imponer la fianza la juez incrementa en un tercio, hasta alcanzar los 2.888.881 euros.
Asimismo, por el programa e-Spriu desarrollado por la Agencia Tributaria para recaudar impuestos (aplicativo informático que la juez cree preparaba la Hacienda catalana para una eventual independencia), el TSJC exige a Jové y Salvadó otra fianza de 1,2 millones, que incrementados en un tercio suman 1,6.
En el auto de procesamiento, la juez advertía de que se iba a abrir una pieza separada para asegurar la fianza exigida y el embargo de bienes, salvo que se acreditara que en todo o en parte las responsabilidades están garantizadas en otro tribunal u organismo administrativo.
De hecho, gracias a las aportaciones de la "caja de solidaridad" impulsada por las entidades soberanistas, el Tribunal de Cuentas ya ha dado por garantizada la fianza de 4,1 millones de euros que exigió al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y a sus exconsellers, así como a una docena de cargos de la Generalitat, por el dinero público destinado a la organización del 1-O.
También la treintena de investigados por los preparativos del referéndum en el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona han consignado 5,8 millones de euros que la magistrada les reclamaba para cubrir una eventual responsabilidad civil derivada de la organización del 1-O.
La defensa de Jové y Salvadó tiene previsto esgrimir esa multiplicidad de fianzas depositadas por los gastos del referéndum ante la juez instructora del TSJC, aunque por el momento ya se ha reactivado de forma urgente la "caja de solidaridad" para recabar fondos suficientes con los que hacer frente al pago reclamado y evitar los embargos.
