La instrucción del caso sobre el falseamiento de las cuentas del Banco de Valencia' ha sufrido un parón de seis meses por la enfermedad de la fiscal de anticorrupción encargada de la investigación, Carmen Launa Oriol, que también es la responsable de la acusación del juicio que se celebra por la fusión y salida a bolsa de Bankia.
La fiscal Launa sí pudo ser relevada por el fiscal jefe de anticorrupción, Alejandro Luzón, que se había encargado de este caso durante la fase inicial. Sin embargo, en el ministerio público no han conseguido a nadie que la sustituya durante varios meses en un caso tan complejo como es el del caso Banco de Valencia, según la documentación a la que ha tenido acceso Vozpópuli.
El 11 de octubre la fiscal Carmen Launa Oriol envió un escrito al titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, en el que reclamaba la declaración de seis testigos. Estos testimonios eran, según el documento, "imprescindibles para determinar el alcance de la información que llegó a los consejeros" en el agujero de Banco de Valencia, que necesitó 17.000 millones de euros para evitar su quiebra.
Dedicación exclusiva
Sin embargo, la baja por enfermedad de un mes y la dedicación exclusiva que Carmen Launa necesita para ejercer la acusación durante el juicio del caso Bankia, una causa de gran trascendencia, ha impedido que esta funcionaria tuviera tiempo para reclamar al juez Santiago Pedraz las declaraciones.
Estos testimonios, que podrían ser los últimos de la causa sobre el falseamiento de las cuentas de Banco de Valencia, no fueron confirmados por el juez hasta el pasado 11 de abril, fecha en la que el magistrado dictó una providencia en la que daba cuenta de las citaciones.
En concreto, el juez Santiago Pedraz ha llamado a declarar el 26 de abril a los testigos Francisco Egea Beneyto y Alfonso Monferrer Daudí. Unos días después, el 17 de mayo, será el turno de Felipe Monzó Castellano y Esther Devis Sánchez.
Diego Muñoz-Cobo
La investigación sobre el caso Banco de Valencia se inició en marzo de 2012 tras la querella que interpuso el abogado Diego Muñoz-Cobo en nombre de la Asociación de Pequeños Accionistas del Banco de Valencia (Apabankval).
En un primer momento la causa recayó en el Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia, que cedió la competencia de las pesquisas después de que el Fondo de Reordenación Ordenado Bancario (FROB) interpusiera en la Audiencia Nacional una decena de querellas contra los directivos del banco valenciano.
Fue entonces cuando la investigación recayó en la Audiencia Nacional, y más en concreto en el titular del Juzgado Central número 1, Santiago Pedraz, que podría dar por finalizadas las pesquisas tras las próximas declaraciones.
