Las familias de la concertada están en pie de guerra contra la ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá. Invitada a inaugurar el congreso de Escuelas Católicas, que agrupa a 6.000 centros concertados religiosos, la dirigente socialista se dejó de discursos amables para desempolvar un debate que podría reflejar algunas de las intenciones educativas del posible nuevo Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos.
"El derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir un centro educativo no son una emanación estricta de la libertad de enseñanza reconocidas en el artículo 27 de la Constitución", atizó. Y, ante el enorme murmullo de los 2.000 representantes de la patronal religiosa, añadió: "No quiero decir que no haya libertad, quiero decir que no está dentro del artículo 27".
No es un lapsus, es una hoja de ruta calculada y llevan mucho tiempo trabajando con ella"
"Parece que Celaá quiere ganar méritos para seguir en el nuevo Gobierno", comenta a Vozpópuli el presidente Nacional de CONCAPA, Pedro José Caballero. "No es un lapsus, es una hoja de ruta calculada y llevan mucho tiempo trabajando con ella. Terminará en quitar a las familias la posibilidad de elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos", advierte.
"Las familias sí tenemos el derecho a la libertad de Enseñanza, eligiendo el centro educativo más apropiado para nuestros hijos. Celaá está haciendo una interpretación de la Constitución con tintes ideológicos", aclara. Desde CONCAPA aseguran que están "cansados" de ser utilizados en el discurso político. "Pedimos a los políticos que saquen sus manos de la educación", señalan.
Las declaraciones de Celaá, en pleno congreso de las Escuelas Católicas, continúan trayendo cola. Tanta que a última hora de la tarde del jueves la socialista se vio obligada a emitir un comunicado en el que sostiene que su posicionamiento es el mismo establecido en la sentencia del Tribunal Constitucional de 1981 por el recurso de inconstitucionalidad presentado contra la Ley Orgánica del Estatuto de centros escolares.
Celaá se defiende
"En ningún momento el Constitucional indica que forme parte de la libertad educativa el derecho a elegir centro. El derecho de los padres a decidir la formación religiosa y moral que sus hijos han de recibir, consagrado por la Constitución, es distinto del derecho a elegir centro docente", insiste Celaá. Lo mismo explicó este viernes después del Consejo de Ministros.
"Hay que diferenciar lo que es un derecho constitucional de lo que es un derecho legal, que tiene que ser desarrollado por las leyes que salen de la Constitución", ha zanjado de nuevo este viernes. "No estamos en un país totalitario donde el Estado educa a los niños y niñas", se defendió.
Hay que diferenciar lo que es un derecho constitucional de lo que es un derecho legal", dice la ministra en funciones
Sin embargo, su llamada a la tranquilidad y a la calma no parece convencer a las familias de la concertada. Para Pedro José Caballero, la ministra en funciones ha anticipado algo que esperaban: los guiños y cesiones de las competencias educativas a Unidas Podemos.
Desde la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) manifiestan su preocupación por la intención de la ministra de Educación de "recortar la libertad constitucional de elección de centro educativo".
Libertad de educación
Ante estas afirmaciones, la CECE asegura que "es difícil imaginar libertad de educación sin libertad de elegir colegio". Y recuerda que en el artículo 26.3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos se afirma "que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos".
Alfonso Aguiló, presidente de la confederación, explica a Vozpópuli que no se trata de hacer colegios a la medida de nadie ni de tener derecho a que tu hijo vaya al centro que tienes enfrente de casa, sino de mantener el criterio de ocupación que rige en la actual legislación y que permite concertar cuando un aula tiene el mismo número de alumnos que otras públicas de su entorno. "Esta es la llamada demanda social", apunta.
Desde CECE indican que no pueden cerrar aulas concertadas que tengan igual o más demanda que la media de su entorno, como avalan numerosas sentencias a lo largo de las últimas décadas.
Cabe destacar que en el punto 229 del último programa electoral de Unidas Podemos se apuesta por derogar la LOMCE e impulsar una nueva ley de educación que "será el instrumento fundamental para revertir los procesos de privatización y segregación de la última década, que impiden que la educación cumpla su función de igualador social" y que blindará la escuela pública como eje vertebrador del sistema educativo".
