Las fiscales que investigan en la Audiencia Nacional el caso Púnica, María Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá, que fueron desautorizadas en su intento de imputar al expresidente murciano por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, volverán a ocuparse de la acusación contra Pedro Antonio Sánchez, diputado del PP en la Asamblea Regional de Murcia, según ha confirmado a Vozpópuli un portavoz del Ministerio Público.
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) acordó llamar a declarar el próximo martes como imputado por la rama murciana de la Púnica a Pedro Antonio Sánchez, al que se le atribuye de forma indiciaria los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada.
La dirección letrada de la acusación popular la dirige la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), que también está personada en la trama Gürtel, y que es la responsable de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, declare como testigo en la trama encabezada por Francisco Correa el próximo 26 de julio.
Fuentes fiscales consultadas por este periódico sostienen que lo "lógico" es que tanto García Cerdá como Gálvez tengan libertad a la hora de interrogar al expresidente de Murcia porque una cuestión es, que de forma puntual no se les permitiese acusar al dirigente del PP murciano, y otra bien distinta es que no puedan desarrollar el citado interrogatorio con libertad.
Interrogatorio "plano"
En cambio, otras fuentes del Ministerio Público explican que las fiscales deberán realizar un interrogatorio "plano" al imputado - sin meter demasiado el dedo en la llaga- puesto que la Fiscalía del Tribunal Supremo y la Secretaria Técnica de la Fiscalía General del Estado fueron claras a la hora de señalar que la postura del Ministerio Público es la de no apreciar indicios de delito en la actuación de Pedro Antonio Sánchez.
El diputado popular está siendo investigado en su condición de aforado por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, cuyos magistrados decidieron abrir una investigación penal a Sánchez a instancias del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción tuvo que dejar de acusar al por entonces presidente de la Región de Murcia, que dimitió el pasado 4 de abril al acumular dos imputaciones por siete delitos, que podrían ampliarse a ocho con el de fraude en subvenciones. El expresidente murciano también está imputado en el denominado caso Auditorio.
Anticorrupción tuvo que dejar de acusar al ex presidente de Murcia, que dimitió el pasado 4 de abril al acumular dos imputaciones por siete delitos, tras escuchar el dictamen de los fiscales del TS
En febrero pasado, la teniente fiscal de Anticorrupción, Belén Suárez, que entonces actuaba como jefa del departamento del Ministerio Público que se encarga de luchar contra la corrupción y el crimen organizado, presentó un escrito en el Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional en el que desistía de elevar una exposición razonada ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) contra Pedro Antonio Sánchez, que entonces era presidente de la Región de Murcia.
Informe de 12 líneas
La fiscal Belén Suárez redactó un informe de 12 líneas de texto, en el que se cambiaba el criterio del trabajo realizado por sus colegas María Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá durante más de dos años. Suárez asumió la redacción del informe después de que sus compañeras insistieran en que apreciaban indicios de delito contra el entonces presidente de la Región de Murcia.
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, dio orden de no acusar a Sánchez después de consultar con los fiscales de Sala de su Secretaría Técnica y del Tribunal Supremo, quienes se mostraron unánimemente en contra de elevar el caso de Sánchez al TSJ murciano. En cambio, dicha unanimidad, brilló por su ausencia, en el caso de la senadora del PP, Pilar Barreiro, a quien el juez Velasco también ha pedido imputar por Púnica.
Anticorrupción rechazó así los indicios de los delitos contra Pedro Antonio Sánchez al considerar que el acuerdo al que llegó con el informático de la trama Púnica Alejandro de Pedro no llegó a ejecutarse, ya que la detención de los presuntos cabecillas, entre los que se encontraban el exconsejero madrileño Francisco Granados y el exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso Conesa, interrumpió el contrato.
No hubo, según Suárez, "perjuicio" económico para el Gobierno murciano. Ni tampoco delito de fraude porque –alegó Suárez– no constaba que la propuesta de Alejandro de Pedro para lavar la imagen hubiera sido aceptada por Pedro Antonio Sánchez, que había sido investigado por el fiscal jefe Manuel López Bernal en relación a su vivienda, y que según el juez Velasco quería que las noticias negativas sobre este y otros casos de presunta corrupción aparecieran en internet.
Sánchez habría elaborado junto a otros miembros de la trama un "plan criminal" para "desviar fondos públicos"
Sin embargo, en un informe sobre la senadora del PP Pilar Barreiro, que también fue alcaldesa de Cartagena, las fiscales María Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá dieron por probado que Sánchez había elaborado junto a otros supuestos miembros de la trama un "plan criminal" para "desviar" "fondos públicos" de la Consejería de Educación, que Pedro Antonio Sánchez encabezó desde abril de 2014 hasta julio de 2015, cuando tras ser el candidato más votado accedió a la presidencia de la Región de Murcia.
En concreto, Sánchez habría acordado, indicaban las fiscales, utilizar los fondos de formación de la Consejería de Educación para pagar al informático Alejandro de Pedro los trabajos de posicionamiento en internet, con la intención de eliminar las noticias negativas sobre las investigaciones de la Fiscalía de Murcia.
En la Sala de lo Civil y Penal del TSJ murciano el encargado de instruir el procedimiento era el magistrado Julián Pérez-Templado. Sin embargo, se vio obligado a renunciar a formar parte del tribunal tras publicar infoLibre una fotografía suya con el exdiputado del PP Juan Carlos Ruiz, que es uno de los principales imputados en la rama murciana de la Púnica, también por abonar con dinero público los trabajos de posicionamiento online.
