La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha advertido de que la aplicación del artículo 155 de la Constitución sería "el error más grave cometido por el Estado" y ha considerado que tendrá efectos contraproducentes porque aumentará los apoyos del espacio soberanista.
En una entrevista de Catalunya Ràdio este jueves recogida por Europa Press, ha afirmado que en Catalunya hay muchas personas dispuestas a defender las instituciones y el autogobierno en caso de una eventual suspensión de competencias, aunque ha sostenido que sería "muy grave" que se anulase la capacidad legislativa del Parlament.
No ha desvelado si el lunes habrá una declaración de independencia en la Cámara catalana y se ha limitado a decir que la intervención en el pleno del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, servirá para cumplir con la ley de referéndum y dar cuenta de los resultados del 1-O.
Preguntada por si en el pleno del lunes se pueden repetir las situaciones de la sesión en el que se aprobó la ley de transitoriedad, ha respondido que el formato es diferente al tratarse de una comparecencia presidencial, lo que no implica la modificación del orden del día.
Ha criticado el discurso del Rey Felipe VI porque no hizo referencia ni al diálogo ni a los heridos por las cargas policiales en los centros de votación el 1-O, y porque avala, según ella, la aplicación de mesuras coercitivas contra las instituciones catalanas.
Resultados del 1-O
Forcadell ha dado por legítimos los resultados del 1-O porque votaron 2,3 millones de personas "en condiciones de violencia", algo que ha tachado de extraordinario porque no se puede dudar de la legitimidad de los votos de las personas que participaron.
"La única violencia que se ha ejercido ha sido la del Estado el 1-O. Lo que pasó el día 20 --de septiembre-- era gente protestando", ha dicho, después de que la Audiencia Nacional haya citado a declarar como imputados al Mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, a la intendente Teresa Lapana, y a los presidentes de la ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, acusados de un presunto delito de sedición.
