Miles de españoles se han reunido en la plaza de Colón de Madrid para protestar contra el Gobierno y exigir la convocatoria de elecciones generales. Lo han hecho espoleados por Partido Popular, Ciudadanos y Vox tras comprobar unos días antes hasta qué punto estaba dispuesto a llegar el Ejecutivo de Pedro Sánchez con tal de permanecer en La Moncloa.
Aunque una de las palabras más utilizadas por los manifestantes ha sido "traición", conviene tener presente que las cesiones que el Gobierno ha realizado hasta ahora en relación a los independentistas catalanes en modo alguno han provocado un daño irreparable al Estado. Con apenas 84 diputados, hay muy pocas cosas que Sánchez pueda hacer respecto a la soberanía nacional, por mucho que se las pueda prometer a otros.
Las tres cesiones
Las tres cesiones más importantes que el Ejecutivo ha realizado en estos siete meses de mandato son secundarias y perfectamente reversibles. Veamos:
1.- Trasladar a los políticos presos a cárceles catalanas. Esta medida tiene plena justificación, pues salvo en casos de extrema peligrosidad los presos suelen estar cerca de sus familias. Es verdad que en Lledoners han disfrutado de privilegios que nunca hubieran tenido en otro centro penitenciario, pero también es cierto que han regresado relativamente rápido a prisiones madrileñas y que, por tanto, la medida ha tenido una vigencia temporal muy reducida.
2.- Reapertura de las 'embajadas' catalanas. El Gobierno ha permitido a la Generalitat reabrir sus centros en el exterior, que oficialmente son oficinas de carácter comercial. Sigue siendo muy discutible que sólo hagan esa función, pero la mayoría de las comunidades autónomas tienen oficinas parecidas y casi nadie las discute. Fueron cerradas cuando se activó el artículo 155 y podrán volver a serlo en caso de necesidad, pero mientras haya un gobierno legal en Cataluña tiene poca justificación proceder a su cierre.
3.- Cambio de opinión de la Abogacía del Estado respecto al 1-O. Es evidente que el cambio de calificación de rebelión a sedición tiene como objetivo conseguir una condena más suave para los políticos que se sentarán en el banquillo del Tribunal Supremo. Sin embargo, por mucho que la Abogacía diga esto, la Fiscalía y la Acusación particular dicen lo contrario. Y, en cualquier caso, lo jueces serán los que tengan la última palabra. Además, no olvidemos que entre los juristas hay cierto debate respecto a qué tipo de delito se cometió, por aquello de si hubo o no violencia.
La cuarta cesión que cabría sumar a esta lista es la de la figura del famoso relator. Y ha sido, como se ha visto, la que ha colmado el vaso de la paciencia de un amplio sector de la sociedad. Lo que ha molestado no ha sido tanto que el Gobierno aceptase introducir un observador exterior en la mesa en la que dialoga con los independentistas, sino que se ha puesto de manifiesto que el Ejecutivo estaba dispuesto a hacer lo que fuera con tal de salvar sus Presupuestos y así poder prolongar algo más su estancia en La Moncloa.
Al aceptar la figura del relator un día después de que los independentistas amenazaran con presentar una enmienda a la totalidad de las cuentas públicas, el Ejecutivo quedó retratado y saltaron todas las alarmas. Y no sólo de esa triple derecha que se caricaturiza desde ciertos sectores de izquierda, sino desde el mismo corazón del Partido Socialista, desde donde tuvo que salir hasta Felipe González para llamar la atención.
El viernes, el Gobierno, alarmado ante las reacciones y la manifestación del domingo, reculó y escenificó una especie de ruptura con los independentistas. La vicepresidenta Carmen Calvo intentó aclarar que el Ejecutivo jamás vendería España para quedarse un día más en el poder, pero sonó muy poco convincente.
Poca confianza
Después de lo del relator, pocos se fían ya. El Ejecutivo ha perdido casi toda su credibilidad, incluso entre los independentistas, que han podido comprobar esta semana cómo la estrategia de diálogo de Sánchez tampoco era sincera, sino una artimaña para ganar tiempo. Como contó Vozpópuli hace unos días, han sido los propios indepedentistas los que han pinchado el globo del diálogo al darse cuenta de que el Gobierno les estaba engañando. Por eso amenazaron con tumbar los Presupuestos y por eso el Ejecutivo salió a la desesperada con la propuesta del relator.
Desvelada pues la jugada de Sánchez, poco futuro le queda ya a su Gobierno. Los independentistas se han dado cuenta de que estaban siendo utilizados y el conjunto de los españoles han comprobado que la estrategia del apaciguamiento no conducía a nada bueno. El juego se ha terminado, presidente.
