El Gobierno está dispuesto a acercar en las próximas semanas a cárceles catalanas a los dirigentes del PDCat y de ERC presos preventivos en las prisiones madrileñas de Soto del Real y Estremera para quitar presión al conflicto, según admiten fuentes gubernamentales.
Una vez que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena finalice la instrucción de sumario por los sucesos del referéndum ilegal del 1-0 y la proclamación de la República catalana el 27 de octubre pasado, y ya no necesite la presencia de todos ellos en la capital para practicar diligencias, quedará en manos de la Dirección general de Instituciones Penitenciarias ese traslado.
Este viernes, la ministra de Educación y portavoz, Isabel Celáa, señaló que entonces se evaluará su situación y "se actuará para bien de todos". En rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, Celaá ha hecho referencia a la discrepancia surgida ayer entre el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Llarena sobre la competencia en materia de traslado de presos.
El Ejecutivo intenta rebajar la polémica entre el ministro Marlaska y el juez Llarena sobre la potestad para trasladar los presos a "una cuestión de matices"
Según Celaá, es "una cuestión de matices", ya que Llarena "sabe" que, por su propia seguridad y para facilitar el trabajo del juez de instrucción, los presos preventivos están cerca del juez instructor. La ministra ha evitado hablar públicamente de decisiones futuras que pueda tomar el Consejo de Ministros, pero fuentes del Ejecutivo admiten que el traslado es cuestión de semanas.
Una opinión que matiza lo que señalaban este jueves fuentes del Ministerio del Interior, las cuales señalaban que Instituciones Penitenciarias no tiene previsto trasladar al exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Raül Romeva y Dolors Bassa, además de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.
La embrollo partió de unas declaraciones de Marlaska, hasta ahora juez de la Audiencia Nacional, señalando a Llarena que la competencia sobre el traslado de un preso preventivo, sin sentencia firme, corresponde al magistrado y no a Instituciones Penitenciarias.
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Poco después, el juez instructor del Supremo le contestó en un auto dejando claro que la competencia es de Instituciones Penitenciarias, según determinan los artículos 79 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), 31 Reglamento Penitenciario, y las jurisprudencias del Tribunal Constitucional y la del Tribunal Supremo.
La ministra, por otro lado, ha seguido en su segunda rueda de prensa en La Moncloa, la idea de restar tensión a las relaciones con la Generalitat que ahora preside Quim Torra. El presidente del Gobierno y Torra se verán "antes del verano", en una ronda que el jefe del Ejecutivo empezará con el lehendakari, Íñigo Urkullu, porque el País vasco fue el primero en acceder a la autonomía, seguirá con Torra, la andaluza, Susana Díaz, y el resto.
Preguntada por la decisión del Govern independentista sobre la reapertura de varias de sus embajadas catalanas en el exterior, el Ejecutivo asiste "con respeto" a esa reapertura, explicó Celáa, quien ha advertido, no obstante, que la Moncloa "tiene procedimientos para conocer qué se está haciendo desde esos centros".
