El Gobierno gana tiempo ante las numerosas dudas que suscita en los partidos cambiar ahora la Carta Magna de 1978. Visto que ni siquiera sus socios de Podemos y los independentistas -no digamos PP y Ciudadanos- parecen dispuestos a abrir el melón de la reforma constitucional solo para suprimir el aforamiento judicial de ministros, diputados y senadores, el Consejo de Ministros ha decidido no aprobar este viernes el anteproyecto de ley.
A ello se había comprometido el Ejecutivo esta semana en el Congreso, pero el gabinete ha preferido parar el reloj de los "60 días" que dura la tramitación parlamentaria, según dijo Pedro Sánchez el lunes pasado. Ese plazo empezará a contar cuando el Gobierno apruebe el proyecto de ley, pero antes tendrá que recibir el informe previo que ha pedido al Consejo de Estado para suprimir en los artículos 71.3 y 102.1 de la Carta Magna el aforamiento.
Preguntada por este cambio de opinión, la ministra portavoz, Isabel Celáa, ha explicado que han preferido "anticipar la participación del Consejo de Estado" -para aprobar un anteproyecto de ley no se necesitaba- para "acotar el objetivo político y cómo hacerse".
Celáa explica que se ha pedido ese informe antes que aprobar un anteproyecto "porque el Gobierno hace política genuina, no de ficción ni de maquillaje"
Como "todas las fuerzas políticas" se han pronunciado en contra de los aforamientos, el Ejecutivo cree que es necesario ese informe para que empujarlas a aceptar una reforma constitucional sobre la que ahora tienen dudas. Porque el Gobierno "hace política genuina, no de ficción ni de maquillaje".
La supresión de aforamiento no va a afectar ni al Rey, ni a la Familia Real, ni a los jueves y fiscales ni a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Según Celáa, ministros y parlamentarios verán "reducir el aforamiento político al estricto ejercicio de las funciones del cargo público".
La Moncloa admite que si el 10 por ciento de los diputados -35- lo pide, la reforma deberá someterse a referéndum de los españoles
