El Gobierno calcula que la entrega a España del huido expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, si llega finalmente a producirse por parte de Alemania, no será "antes de seis meses" dada la complejidad procesal del caso y los previsibles recursos que se van a producir, explican diversas fuentes del Ejecutivo socialista. "Si conceden la extradición recurrirá la defensa y, si no, nosotros", señalan.
El Tribunal de Schleswig Holstein, el land donde fue detenido Puigdemont el 26 de marzo cuando regresaba por carretera desde Helsinki (Finlandia) a Waterloo (Bélgica), se impuso el uno de junio un mes de plazo para reconsiderar su no inicial a la extradición. Pero los tres magistrados, Martín Probst, Matthias Hohmann y Matthias Schieman, han decidido ampliarlo por la abundante documentación que han recibido tanto del magistrado instructor del Tribunal Supremo español Pablo Llarena como de los abogados de Puigdemont.
Y es que Llarena les remitió el 29 de junio la providencia donde certifica que el procesamiento contra el expresident y otros 24 imputados ya es firme y, en consecuencia, "la decisión de buscar y detener e ingresar en prisión" a Puigdemont continúa "ejecutiva y vigente".
El tribunal alemán se va a tomar con calma el análisis de la documentación del Supremo español donde se afirma que hubo "violencia" el 1-O y que cabe una rebelión sin armas
Explicaba así el magistrado instructor el auto de la Sala Segunda del Supremo donde se argumenta que los procesados cometieron rebelión porque, aun cuando este delito "evoca a los pronunciamientos militares", cabe llevarlo a cabo "sin armas"; y recuerda que tanto el 20 de septiembre -en los sucesos durante el registro a la Consejería de Economía- como durante la jornada del referéndum ilegal del uno de octubre se produjeron hechos violentos.
"La violencia se ejerció sobre las personas, como resulta del número de heridos; y sobre las cosas, lo cual resulta valorable como amenaza de inmediata violencia contra las personas", concluyen los magistrados españoles en su confirmación del procesamiento de Puigdemont y los otros 24 investigados por los hechos relacionados con el desafío soberanista.
La Orden Europea de Detención establece un plazo máximo para la resolución del procedimiento de 90 días desde el momento de la detención, que en este caso venció el 24 de junio. Pero el estudio de esa documentación suplementaria ha llevado a los tres jueces alemanes a prorrogarlo antes de decidir si estima la petición de la Fiscalía Alemana -que actúa en nombre de la Justicia española- de que revoque su rechazo a la extradición.
El Ejecutivo no confía que los tres jueces del tribunal de primera instancia del 'land' alemán revoquen su rechazo a la entrega del ex president, pero sí que lo haga la instancia superior
Las fuentes gubernamentales consultadas no confían en ello pero sí en el Tribunal superior regional de Schleswig-Holstein. Ante éste, la Fiscalía alemana ya pidió el 22 de mayo, tras el no en primera instancia, que se le extradite por rebelión y alteración del orden público.
Basó su petición en una primera tanda que le envió la Fiscalía española con documentación e imágenes que evidenciaban "disturbios de gran dimensión" en el referéndum del 1-O. Ya entonces, para la Fiscalía alemana no existía duda de que "el requisito de doble incriminación existe tanto para rebelión como para malversación" y la entrega de Puigdemont debe producirse.
