Se avecina una dura batalla judicial y política entre el PSOE y sus socios, por un lado, y el PP y Ciudadanos, por otro, con el adelanto electoral como telón de fondo. Si estos dos partidos bloquean la tramitación del Presupuesto 2019 en la Mesa del Congreso -disponen de mayoría- habrán sentenciado una legislatura que Pedro Sánchez desea finalizar en junio de 2020; no le quedará más remedio al presidente del Gobierno que disolver las Cortes convocando las elecciones generales este mismo otoño.
Pase lo que pase, con adelanto electoral o sin él, el gabinete ya está elaborando un relato para que a los españoles les quede "muy claro", explican fuentes socialistas consultadas por Vozpópuli, que serán Pablo Casado y Albert Rivera los culpables de haber impedido al PSOE aplicar, básicamente, en las autonomías, los 6.000 millones menos de recortes que había pactado con la Unión Europea. Y de que el techo de gasto del Estado, 125.064 millones de euros, un 4,4% superior al de 2018, vaya a tener que reducirse para cumplir más estrictamente con la austeridad.
Se pudo ver el viernes pasado, tras el Consejo de Ministros, con la titular de Hacienda, María Jesús Montero, señalando que es "inexplicable" ante los españoles la actitud de los dos partidos; y este lunes la propia presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, cuando señaló que "Casado todavía no ha llegado al despacho y ya ha quitado 350 millones a Andalucía".
Porque, de esos 6.000 millones solo 1.200 afectarán al presupuesto del Estado, pero los hospitales, los colegios y los servicios de dependencia que gestionan las autonomías tendrán 2.500 millones menos en 2019, y el sistema de pensiones sufrirá un recorte por una cantidad similar.
Los populares manejan informes que avalan su negativa a tramitar el presupuesto si no hay un objetivo de déficit previamente aprobado
A raíz de la modificación que introdujo en 2012 el PP en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, si el Senado rechaza la próxima semana el objetivo de déficit -la mayoría absoluta del PP en esa Cámara lo garantiza-, el Gobierno tiene la opción de remitir otro a las Cortes en el plazo de un mes.
Pero La Moncloa no parece por la labor de exponerse a otro rechazo. Ya se prepara para asumir ese rechazo remitiendo al Congreso un Proyecto de ley de Presupuestos generales del Estado 2019, conforme al déficit máximo contemplado por el Gobierno Rajoy (1,3%) en lugar del 1,8 que había logrado arrancar el Gobierno Sánchez a Bruselas.
No hay "plan B", dijo el viernes la ministra Montero, y, automáticamente se aplicaría el déficit del 1,3% del PIB en las cuentas públicas, esgrimiendo informes del Consejo de Estado y la Abogacía del Estado que facultan al Gobierno socialista a renunciar a presentar otro proyecto de ley de objetivo de déficit.
El problema empezará justo en ese momento: esos órganos jurídicos no ven imprescindible tener aprobado el objetivo para remitir al Congreso el presupuesto, pero los letrados de las Cortes creen que sí lo es. Y lo más probable es que ambos poderes, Gobierno y Mesa de la Cámara Baja -dominada por PP y C's-, entablen una larga batalla competencial ante el Tribunal Constitucional (TC) que terminará bloqueando de facto esta convulsa legislatura.
Si el PSOE supera el escollo del bloqueo PP/Ciudadanos a la tramitación presupuestaria, luego tendrá que convencer a Podemos y sus otros socios de que no habrá siquiera 6.000 millones menos de recortes
Eso, por no hablar del problema político que representa para el PSOE, tras haber asumido a regañadientes las cuentas del PP para 2018, no poder implementar en su presupuesto los 6.000 millones más de endeudamiento para gasto social que negoció hace dos semanas la titular de Economía, Nadia Calviño, con el Comisario de Presupuestos de la UE, Pierre Moscovici.
Podemos exige a los socialistas 15.000 millones más para empezar a hablar y no parece por la labor de apoyar la gobernabilidad del PSOE sin algo a cambio. Y el PDCat, tras su congreso de este pasado fin de semana, en el que se han impuesto las tesis rupturistas de Carles Puigdemont, parece más por la labor de boicotear al recién nacido Gobierno de Pedro Sánchez que en contribuir a agotar la legislatura.
Por eso, en muchos de los círculos del PSOE se abre paso la idea de que no tiene sentido resistir en el gobierno a cualquier precio. Lo verbalizó este martes la ministra portavoz, Isabel Celáa, cuando señaló durante un desayuno de Nueva Economía Fórum que "nadie está pensando en adelantar elecciones, si bien nadie va a resistir más allá de lo razonable. Sería absurdo". Un claro mensaje de Pedro Sánchez a sus socios
