El Gobierno parece decidido a combinar el ‘palo’ y la ‘zanahoria’ en su estrategia contra el independentismo catalán.
Mientras el Grupo Popular está intentado en el Parlamento evitar que el indulto sea aplicable a delitos como rebelión o sedición, de los que están acusados Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, y todo su gobierno, el Consejo de Ministros ha evitado hoy expresamente incluir esos mismos tipos entre los que puedan ser penados con prisión Permanente revisable.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Justicia, Rafael Catalá, ha explicado que “el Gobierno no quiere entrar en un debate que pueda generar un debate adicional”, en alusión a la reacción contraria previsible en el mundo independentista.
Si se van a incluir el asesinato con “obstrucción de recuperación del cadáver por los familiares”, el asesinato después de un secuestro, la violación en serie o de un menor tras torturarle, y la muerte en incendios.
Catalá ha negado que el Ejecutivo esté fomentando un debate “electoralista” como le acusan los partidos de la oposición, a los cuales ha recomendado que atiendan a “ese 78 por ciento” de españoles que quieren prisión Permanente revisable.
Por otro lado, y tras el informe de los letrados del Parlamento de Cataluña, el Ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, señaló que le corresponde al presidente de la Cámara, Roger Torrent, reunir a los grupos y proponer un candidato que pueda ser investido; al margen de que los letrados digan en su dictamen que no han empezado a correr los dos meses de plazo para convocar elecciones si no hay investidura.
Es “de sentido común” que Carles Puigdemont, a quien le ha instado a “dejar de hacer el ridículo”, no puede hacerlo.
El autodenominado “Consejo de la República” es una “pirueta” como todo lo que emana desde los prófugos en Bruselas y de Junts Pel Catalunya. “El señor Puigdemont no está en el exilio, esta huido de la Justicia”, sentenció.
Fuentes del Ejecutivo admiten que “a lo mejor los letrados tienen razón” y no empiezan a correr los plazos; por más que al Gobierno, y a todos, convenga celebrar ya una investidura para acabar con el 155 y regresar a la normalidad política en Cataluña
