Que el Gobierno no quiere recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la autorización de la Mesa del Parlamento de Cataluña al exconseller y hoy diputado fugado Antoni Comín para votar de forma delegada es un secreto a voces... Ahora que los partidos independentistas Junts per Cat (JxCat) y ERC han conseguido una mayoría exígua de 66 diputados, la cual les va a permitir investir un presidente en segunda vuelta sin necesidad de los cuatro votos de la CUP, lo que menos desea Mariano Rajoy es poner palos en las ruedas.
Porque, aún cuando el horizonte de los Presupuestos Generales del Estado 2018 parece más despejado tras el pacto con el PNV, los nacionalistas vascos siguen condicionando su apoyo final en junio a que decaiga la intervención de la Generalitat al amparo del artículo 155 de la Constitución; y para ello es indispensable esa investidura, y que haya un nuevo Govern.
Fuentes del Ejecutivo sostienen que el gabinete tiene que "hilar fino" a la hora de presentar ese recurso porque, su solo registro y admisión a trámite supondría la suspensión del sufragio a Comín, es decir tumbarían la posible investidura antes de producirse y la vuelta a la normalidad. Además, tampoco se recurrió el voto delegado de Carles Puigdemont, recuerdan.
El Ejecutivo recuerda que suspender el voto afecta a los derechos de un representante popular y no quiere pillarse los dedos con un recurso que el Constitucional termine 'tumbando'
Además, se insiste desde La Moncloa, el voto afecta a "los derechos de los diputados" y por tanto es más "lógico" que sean los grupos parlamentarios, o los partidos, los que denuncien el caso ante el TC, no el Gobierno; por otra parte, el alto tribunal ha fallado años atrás contra la suspensión de derechos en la Mesa del Parlamento Vasco y no quiere adentrarse en un recurso que pueda perder.
El problema para Rajoy y los suyos es que el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, desde el plano judicial, y Ciudadanos, desde el político, insisten en dejarle en evidencia. Llarena dictó este jueves una providencia en la que insta a Bélgica a entregar a España a Antoni Comín y a la también exconsejera Meritxell Serret, ambos en busca y captura.
Arrimadas insiste en preguntarse "cómo es posible" que Rajoy no se decida a recurrir el voto en el Parlamento de dos fugados de la Justicia desde hace medio año
