Ignacio González se resistió dos meses a dejar la Presidencia del Consejo de Administración del Canal de Isabel II y la compatibilizó "de forma inusual" con la presidencia de la Comunidad de Madrid, recuerdan diversas fuentes políticas consultadas por Vozpópuli; en concreto, González, elegido por la Asamblea nuevo jefe del Gobierno Regional el 26 de septiembre de 2012, no 'soltó' legalmente el control de la empresa hasta el jueves 15 de noviembre.
Ese día, el Consejo de Gobierno de la CAM presidido por él mismo aprobó un acuerdo cediendo la presidencia del Canal a su hombre de máxima confianza, Salvador Victoria, a quien había nombrado consejero de Presidencia y portavoz del gobierno a su llegada al poder. El citado acuerdo figura publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) del 19 de noviembre, cuatro días más tarde.
Durante ese tiempo, Ignacio González intentó por todos los medios no ceder el poder que venía ejerciendo en la firma desde su nombramiento, en 2003, poco después de la llegada de Esperanza Aguirre al Gobierno madrileño.
Según algunas de las fuentes consultadas, González habría llegado incluso a encargar un informe a los servicios jurídicos de la CAM para ver si podía compatibilizar ambos cargos. Se desconoce el contenido de ese informe y si existe copia escrita del mismo o fue una consulta oral. Lo cierto es que, al final, el expresidente madrileño, hoy detenido por la Guardia Civil en la 'Operación Lezo', desistió de la idea de compatibilizar ambos cargos.
Según algunas fuentes, González llegó a encargar un informe a los servicios jurídicos de la CAM para ver si era posible seguir siendo presidente de la Comunidad de Madrid y del Canal de Isabel II
Ahora, tras su señalamiento como 'cerebro' de una trama criminal que supuestamente saqueó el Canal de Isabel II con el cobro de comisiones en paraísos fiscales en pago por operaciones ruinosas de compraventa de empresas a cargo de la filial, Inassa, las fuentes consultadas no dudan en sospechar de que Ignacio González "intentó borrar pruebas" en esos dos meses. Pero no lo logró, o no del todo.
De hecho, todo se descubre cuando Cristina Cifuentes accede a la Presidencia de la Comunidad de Madrid y pone al frente de la empresa de aguas a su vicepresidente y portavoz, Ángel Garrido. Es el gobierno Cifuentes el que pone a la Fiscalía Anticorrupción sobre la pista de esas esas compraventas irregulares en Latinoamérica, hasta que el Ministerio Público, tras unas primeras diligencias, se decide a presentar una querella, en julio de 2016. Hoy la investigación recae ya en el juez de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco.
