El Ministerio del Interior ha autorizado el envío a Cataluña de agentes de unidades de seguridad ciudadana, los conocidos como 'antidisturbios', y ha suspendido traslados en el marco de un dispositivo de refuerzo similar al diseñado en las Diadas previas al referéndum del 1 de octubre del año pasado, cuando se llegaron a movilizar hasta 6.000 policías y guardias civiles en un escenario de máxima tensión que derivó en la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Según explican a Europa Press diversas fuentes policiales al tanto del dispositivo, la Dirección General de la Policía Nacional ha autorizado que se trasladen unos 500 agentes de una decena de grupos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) para la custodia de edificios oficiales y en previsión de posibles altercados de seguridad ciudadana.
Interior ha aprobado el refuerzo de la plantilla de la Policía y de la Guardia Civil -- en este caso con el Grupos de Reserva y Seguridad (GRS)-- en Cataluña tras recibir sendas peticiones por parte de los mandos operativos de los dos cuerpos. Este martes se publicó la orden por la que el Instituto Armado anunciaba en su Boletín Oficial que suspendía el traslado de casi 300 agentes destinados en esta comunidad autónoma ante la necesidad de "garantizar la seguridad ciudadana".
Interior ha evitado dar detalles sobre el dispositivo. Fuentes del Departamento explican a Europa Press que, en todo caso, se trata de una serie de decisiones "ordinarias" por ser habituales año tras año debido a la necesidad del Ministerio de velar por que existan las dotaciones suficientes en las diferentes plantillas de las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Velar por la seguridad
Según estas fuentes, Cataluña requiere cada mes de septiembre de un despliegue policial reforzado ante la concentración de eventos con gran afluencia de público, entre ellos la Diada que se celebra el 11 de septiembre.
No obstante, diferencian el contexto en el que se celebra la Diada y los actos programados de reivindicación independentista de este otoño con el del año pasado, cuando Interior diseñó la 'operación Copérnico' y alojó a policías y guardias civiles en barcos en respuesta al desafío de la Generalitat que, desobedeciendo las resoluciones judiciales, convocó un referéndum que debía desencadenar en la declaración de independencia unilateral.
