Política

La ley de plazos de Catalá, el salvavidas de los presuntos corruptos

Más de 850 fiscales criticaron la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal al considerar que implicaría el cierre de muchas investigaciones, algo que está a punto de ocurrir en el 'caso del ático' en el que está imputado Enrique Cerezo, ahora jefe del exministro de Justicia

  • Rafael Catalá y Enrique Cerezo en el palco del Atlético de Madrid.

En noviembre de 2015 más de 850 fiscales de las tres principales asociaciones firmaron un documento en el que rechazaban la decisión del ministro Rafael Catalá de modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para establecer plazos para las instrucciones, y así limitar las investigaciones judiciales. Estos representantes del ministerio público consideraban que la nueva redacción del artículo 324.4 de esta Ley podía crear "espacios de impunidad", ya que limitaba los plazos para aportar pruebas a los sumarios, que podrían acabar archivándose.

Y este parece ser el final que le espera al caso del ático de Ignacio González en el que también está imputado el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, que ahora es el jefe de Catalá en la Fundación del equipo madrileño.

Sin embargo, Catalá siempre rechazó las críticas de los fiscales, y justificó la modificación legal como mecanismo para evitar que las investigaciones se eternizaran, y que los implicados en los casos penales estuvieran imputados durante años.

Cerrar los líos

Las grabaciones realizadas por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia por orden del juez que inició la investigación del caso Lezo, Eloy Velasco, muestran que meses después de la polémica modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en concreto el 3 de noviembre de 2016, el propio Catalá mantuvo un intercambio de mensajes con Ignacio González en el que el entonces ministro le llegó a desear que se le cerraran "pronto los líos", tal y como refleja el informe policial al que ha tenido acceso Vozpópuli.

En ese momento tanto González como Cerezo ya estaban implicados en el caso del dúplex de lujo del expresidente madrileño. Y en una conversación mantenida entre Ignacio González y Enrique Cerezo el 8 de noviembre de 2016, el primero hizo referencia a un mensaje "cariñoso" que le había enviado días atrás el ministro.

Y fue entonces, según la transcripción de la conversación de la UCO, cuando Cerezo comenta a su interlocutor que se había encontrado con un tal "Rafa", que según los agentes se trataba Rafael Catalá: "Y parece que éste le informó que lo estaban mirando", completan los guardias en el informe, en el que se concluye que Cerezo y González "podrían estar tratando de obtener informaciones relacionadas con el estado de tramitación de algún tipo de diligencia" del caso del ático.

"Al de abajo"

El resto de la transcripción de la conversación no permite concretar qué tipo de información buscaban. Pero sí que pretendían que el nuevo fiscal general del Estado pusiera "en orden al de abajo", en referencia velada al fiscal de Málaga que investiga el caso, Juan Carlos López Caballero.

En la grabación, Ignacio González también ataca a la anterior instructora, la juez Isabel Conejo, a quien llega a calificar como "niñata de mierda". Para concluir que espera que tanto la juez como el fiscal no estuvieran "tan protegidos como antes".

Rafael Catalá fue reprobado por el Pleno del Congreso por su actuación en los diferentes casos de corrupción contra el PP. Y después de la moción de censura que presentó el PSOE tras la sentencia del caso Gürtel fue apartado de su cargo de ministro de Justicia.

Dimisión

Ya en la oposición, el Congreso de los Diputados accedió a otorgar la compatibilidad para que Rafael Catalá trabajara para la fundación del Atlético de Madrid, con Enrique Cerezo de presidente del club colchonero. El 27 de mayo el exministro de Justicia acabó dimitiendo de su escaño de diputado del PP por Cuenca.

Este lunes se ha conocido que el exministro de Justicia Rafael Catalá será el nuevo presidente del consejo de Administración de Belagua, la sociedad propietaria de la mayor parte de los hoteles de la marca AC Hotels by Marriott en España, según ha informado la hotelera en un comunicado.

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