Magistrados del Tribunal Supremo, el máximo órgano judicial del Estado español en el que se ha instruido el 'procés', están molestos por las recientes declaraciones de integrantes del Gobierno socialista en favor de la libertad de los políticos independentistas presos por el 'procés', según explican fuentes del Alto Tribunal a Vozpópuli, que no entienden que el Ejecutivo trate de condicionar la independencia de los jueces.
Las mismas fuentes relatan que algunos magistrados del Supremo no comprenden que el exministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, que es el que debe llevar la acción del Estado al resto de países, haya apostado por la libertad de los presos independentistas, que están en prisión preventiva por orden, primero de la juez Carmen Lamela, y después por el magistrado Pablo Llarena. Y ambos con el aval de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que confirmó en varias ocasiones la prisión preventiva.
Vozpópuli se ha puesto en contacto con la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, cuya portavoz, Elena Velilla, aseguró que "no es responsable poner en entredicho la corrección de las resoluciones judiciales", en referencia a los ministros de Pedro Sánchez.
En este sentido, Velilla destaca que el funcionamiento del Estado de Derecho exige el respeto entre los poderes: "Y esto no es algo que cale en la clase política, que no debería haber puesto en entredicho la fiabilidad de las resoluciones del poder judicial", ha asegurado la portavoz.
Elena Velilla, portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, destaca que "no es responsable poner en entredicho la corrección de las resoluciones judiciales"
"Y hay que decir que las únicas personas que tienen toda la información, en este caso sobre el 'procés', es el instructor, por lo que no corresponde al poder ejecutivo decir si las resoluciones son correctas o no", ha concluido la portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria.
Ante la BBC
Los magistrados molestos se refieren a las declaraciones realizadas este domingo por la ministra Meritxel Batet y la semana pasada por Borrell en las que apostaban por la libertad de los presos del 'procés'.
En concreto, el primero en hablar fue Borrell, quién reconoció que hubiera preferido que el juez Pablo Llarena "considerase otras medidas de precaución para evitar la fuga" de los políticos catalanes encarcelados "que no fuese la prisión incondicional".
En una entrevista a la BBC, Borrell afirmó en alusión a los dirigentes independentistas en prisión: "Yo personalmente preferiría que estas personas estuvieran en libertad condicional".
Sin embargo, Borrell matizó esta opinión, que calificó como "personal": "El juez ha tomado esas medidas en función de su criterio y hay que respetar su independencia", explicó Borrell a la prensa en su visita a la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, donde pidió además que se deje trabajar a los jueces, según informó Efe.
En el mismo sentido, Borrell señaló que no se puede exigir al Gobierno español decidir sobre la libertad de los presos: "Eso sí que es negar la separación de poderes", subrayó.
Sin embargo, el portavoz adjunto de JxCat, Eduard Pujol, obvió la separación de poderes a la que aludió Borrell y retó a este y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a ser "valientes" y plantear en el próximo Consejo de Ministros una solución para que los dirigentes independentistas encarcelados "salgan de la prisión".
Meritxel Batet
El sobresalto de algunos magistrados del Supremo ha aumentado tras leer el pasado fin de semana la entrevista concedida por la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, al diario El País en la que considera que para "hacer política" en Cataluña, normalizar las relaciones institucionales, abrir un diálogo y una agenda "sería mejor que no hubiera presos".
No obstante, Batet aludió en la entrevista a que la excarcelación de los presos del 'procés' depende del poder judicial y que el independentismo "lo sabe".
El domingo por la noche fue el turno para hablar de los presos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quién en una entrevista concedida a La Sexta evitó pronunciarse sobre la conveniencia o no de que los dirigentes independentistas permanezcan en prisión al considerar que como jefe del Ejecutivo no debía hacerlo, por respeto a la autonomía del poder judicial: "Tengo una opinión, pero soy presidente y no puedo hacer una afirmación sobre esa cuestión", dijo Sánchez, que no desautorizó a sus ministros.
Vozpópuli se ha puesto en contacto con una portavoz de la Fiscalía General del Estado para preguntar acerca de las instrucciones sobre los presos. Esa portavoz ha rechazado que el ministerio público haya modificado la línea hasta ahora mantenida por los fiscales del Supremo de conservar la prisión incondicional para los independentistas.
Las declaraciones de los ministros Borrell y Batet no han sido los únicos encontronazos entre el Ejecutivo de Sánchez y el Tribunal Supremo. Las asociaciones de jueces y fiscales ya censuraron la intención inicial de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, de no defender los aspectos privados de una demanda civil planteada en Bélgica por Carles Puigdemont contra el juez que instruye en 'procés', Pablo Llarena.
Polémica con Llarena
El ministerio de Delgado se refería a unas declaraciones realizadas por Llarena en Oviedo en las que aludía a su investigación en el 'procés'.
Sin embargo, el Ejecutivo de Sánchez cambió de opinión, y planteó la defensa integral de Llarena ante la justicia belga, y contrató por medio millón de euros al reconocido bufete de abogados belga Liederke Wolters Waelbroeck Kirpatrick.
Sin embargo, en la entrevista a La Sexta Sánchez volvió negar que hubiera una rectificación respecto a la defensa del juez Pablo Llarena en Bruselas ante la demanda que le planteó el expresident Carles Puigdemont.
En este sentido, sólo admitió que hubo una "reflexión" tras la que se concluyó que era imposible separar el ámbito público y privado del juez porque se trata de una cuestión de Estado.
