La Guardia Civil tiene en su poder un documento clave para sostener la acusación contra los líderes independentistas por la organización del referéndum ilegal. Se trata de una hoja manuscrita incautada en un registro de la sede central de Unipost de Hospitalet de Llobregat en la que presuntamente se recogen datos sobre el reparto de material electoral y el dinero que esta empresa de mensajería -entonces en concurso de acreedores- iba a cobrar por ello de la Generalitat de forma opaca.
Los investigadores incluyeron esta prueba en un informe remitido en diciembre al Juzgado de Instrucción Número 13 de Barcelona, que a su vez lo remitió al Tribunal Supremo. El manuscrito estaba en concreto en el despacho del director general de Unipost Pablo Raventós Sáenz e implica directamente a Francesc Sutrias, un alto cargo de la Consellería de Economía y Hacienda que dirigía el vicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, actualmente en prisión.
En el documento, al que ha tenido acceso Vozpópuli, Raventós Sáenz escribió detalles del acuerdo que presuntamente había alcanzado con la Generalitat como el dato de “56.000 cartas certificadas”, que la Guardia Civil relaciona con los 56.196 identidades que aparecieron en el listado de las personas que habían sido designadas para formar parte de las mesas electorales durante el referéndum ilegal.
Algunos de los seleccionados denunciaron ante las autoridades que la Generalitat había usado sin su permiso sus datos personales para la celebración de la consulta. Los investigadores estiman que en torno a 10.000 cartas certificadas llegaron a su destino. Las más de 45.000 restantes fueron incautadas antes del referéndum en los registros de las instalaciones de Unipost en Manresa y Terrassa.
El manuscrito contiene otra información clave como el modo de pago por los servicios que iban a prestar para la celebración de la consulta: “Pagament 50% / 50%” y las fechas del 12 y el 18 de septiembre. La Guardia Civil recuerda al juez que esta última fecha corresponde con la entrada de las cartas que se intervinieron en la sucursal de Unipost en Terrassa. Según destaca el informe, “también se observa una cifra que indica una cantidad menor a los 200.000 euros”.
Atendiendo a las declaraciones prestadas por un responsable de Unipost, el coste de una entrega certificada rondaba los 3 euros, por lo que la Guardia Civil calcula que el coste de haber entregado las 56.196 cartas a los integrantes de las mesas sería de 168.588 euros, por debajo de 200.000.
En el reverso del manuscrito aparece una cuenta de correo electrónico (@protonmail.com) que, según los investigadores, era utilizada por el cargo de confianza de Junqueras. De la relación entre Raventos y Sutrias da cuenta el seguimiento que los agentes ejercieron sobre ambos durante una reunión mantenida en el Hotel Pulitzer de Barcelona pocos días antes de que la Guardia Civil registrase las instalaciones de Unipost los sobres con las citas para las mesas. En un primer informe, el Instituto Armado confundió a PAblo Raventos con Anton Raventos, presidente de Unipost, un error del que los propios agentes informaron al juez. A la cita en el hotel también acudió el exterrorista de Terra Lliure y militante de ERC, Xavier Vendrell Segura, ex consejero de Gobernación durante el Tripartito y actualmente dedicado al mundo empresarial.
En la investigación también consta una llamada de teléfono días después entre Raventos y Sutrias en la que hablan sobre la intervención de la Guardia Civil en la sede Unipost Terrassa. El primero le pide al segundo otra cita al tener conocimiento de que a sus trabajadores los están citando para el día siguiente a primera hora. “Es muy significativo que Pablo Raventos comentase este hecho con Sutrias si no tuviesen alguna relación con la incautación de las cartas”, zanja el informe.
El responsable de Unipost acabó siendo arrestado el 14 de diciembre acusado de un delito de desobediencia, malversación, descubrimiento y revelación de secretos y administración desleal. Los investigadores también alertan de que en ningún momento la empresa dejó constancia a través de algún registro, contrato o albarán del acuerdo y precio a percibir a cambio del reparto de las cartas, algo obligatorio. Tampoco en ningún archivo informático. “Se pretendía realizar al margen de la Administración Concursal, pero utilizando los medios de Unipost”, concluye la Guardia Civil.
En febrero de este año la Guardia Civil realizó otro informen en el que cifró en casi un millón de euros el dinero que pactó destinar la Generalitat a Unipost, no sólo por el reparto de la citaciones para las mesas sino también por el envío como correo ordinario de más de cinco millones de tarjetas censales. Según la documentación incautada por la Guardia Civil, el plan pasaba por fraccionar el pago entre cinco consellerías: Presidencia, Economía y Hacienda (dirigida por Junqueras), Salud, Trabajo y Cultura.
“Con estas acciones relacionadas con el servicio y pagos a Unipost, al parecer se ordenaron y efecturaron finalmente, en definitiva para la consecución de la independencia, se acredita que ese plan se llevó a cabo realmente puesto que el referéndum se celebró”, dice la Guardia Civil. Sin embargo, durante su declaración ante el juez en abril, Raventós negó ante el juez haber cobrado el dinero.
