El Estado de las autonomías no funciona bien. El último Informe de las Comunidades Autónomas del Instituto de Derecho Público de Barcelona (IDP), un trabajo elaborado por una treintena de expertos de distintas regiones que lleva haciéndose durante 30 años, vuelve a poner de manifiesto la crisis que atraviesa el sistema.
Aunque hay problemas que se repiten en todas las ediciones del estudio, este 2018 han aparecido algunos agravados, como el de la despoblación y el aumento de los menores extranjeros no acompañados (MENA).
El documento destaca la convocatoria por parte del Gobierno de Sánchez de algunas Conferencias Sectoriales que no se reunían para abordar distintos fenómenos como la inmigración. Y advierte que un Estado autonómico requiere que las soluciones no se sitúen exclusivamente a nivel central y se tengan en cuenta a las CCAA en las decisiones.
Las dificultades para la prestación de los servicios públicos ante la dispersión de la población tienen asimismo impacto en la financiación de las comunidades"
Por otro lado, el trabajo alerta sobre algunas de las consecuencias del reto demográfico: "Las dificultades para la prestación de los servicios públicos ante la dispersión de la población tienen asimismo impacto en la financiación de las comunidades. Seis Presidentes autonómicos han pedido que se tenga en cuenta el coste de prestación de los servicios".
Vozpópuli habla con el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid y co-director dele estudio Javier García Roca sobre el deterioro del sistema y la necesidad de llegar a acuerdos globales en temas básicos como los citados o como la financiación y la educación.
"Hay muchos conflictos competenciales y todos acaban en el Tribunal Constitucional. Los sistemas descentralizados necesitan ajustes constantemente", advierte.
Si hiciésemos una radiografía al Estado de las autonomías, ¿qué cambios y problemas se detectan en la imagen de 2018?
La moción de censura que ha dividido el año en dos Gobiernos, la crisis institucional en Cataluña, la reforma general del Estatuto de Autonomía de Canarias, la imposible reforma del modelo de financiación autonómica, el nuevo Gobierno en Andalucía, el retraso sine die de la reforma de la Constitución, las consecuencias una Legislatura sin Presupuestos, el conflicto entre los taxis y los VTC y las nuevas competencias autonómicas...
¿Está enfermo este modelo? ¿Cuál es la cura?
El Estado autonómico está en crisis. El sistema se ha ido deteriorando al haber muchos conflictos, tener un exceso de jurisprudencia y no haber cambios en la Constitución. Pero el hecho de que los asuntos se administren de forma cercana ha sido un éxito para España durante muchos años. Somos un Estado cuasi federal con 17 comunidades autónomas y, como tal, se necesitan ajustes constantemente.
El informe pone de manifiesto una serie de problemas que se repiten cada año y que se podrían solucionar. Pero sin acuerdos entre los partidos, el Estado y las Comunidades Autónomas esto no tiene arreglo. Ejemplo de ello son los MENA. No puede ser que exista un protocolo de actuación distinto en cada una de las comunidades e, incluso, en cada provincia. Otro ejemplo es la España de la Meseta que se está vaciando, sin consenso a medio y largo plazo no se solucionará.
En 2018 el Estado ha aplicado por primera vez el artículo 155, ¿cómo se interpreta?
Fue una intervención proporcional a la gravedad de los hechos. El Parlamento catalán aprobó dos leyes de las que no hay precedentes en Europa: La ley de transitoriedad jurídica y la ley de reforma jurídica. Estas derogan la Constitución y el Estatuto de Autonomía, por lo que, de alguna manera, el 155 ha devuelto la autonomía a Cataluña. Los secesionistas trataron de destruir la Constitución por la fuerza.
Es un precepto que siempre pensamos que no se iba a usar. No se ha usado en ningún país europeo, pero por la gravedad de lo ocurrido en Cataluña aquí no ha habido más remedio. Sin embargo, creo que hemos de encontrar una solución que no sea intervenir cada año Cataluña. Los partidos tienen que encontrar una vía de solución porque el 155 no se puede usar indefinidamente porque nos cargamos las autonomías.
¿La crisis en Cataluña ha monopolizado los problemas de el resto de CCAA?
No los han monopolizado porque el Estado autonómico ha seguido funcionando, pero Cataluña y el 155 han deteriorado todo. Aunque hemos seguido hablando de MENA, de convenios de colaboración o de la ley de educación, los partidos secesionistas han impedido aprobar los presupuestos y han dificultado la vida parlamentaria. Lo primero que debería hacer la mayoría gubernamental que surja del 28-A es llegar a un acuerdo de mínimos con la oposición para solucionar el problema catalán.
También ha sido la primera vez que se ha producido una moción de censura y hemos tenido un Gobierno tan minoritario...
Censurar a Mariano Rajoy y a la vez elegir un nuevo presidente es mezclar aceite y agua. No se ha podido acabar la legislatura. En 2018 ha habido dos gobiernos cortos con dos direcciones políticas distintas.
Tengo la impresión de que ahora puede haber una mayoría más estable, pero es imposible saberlo. Seguimos funcionando con la idea del bipartidismo, que es como han funcionado PP y PSOE durante 40 años. Ahora hay un 'pentapartidismo imperfecto' y con esto no basta con cambiar de Gobierno, así que hay que formar coaliciones a nivel nacional como se hace en las comunidades o llegar a un acuerdo de legislatura.
¿Esta inestabilidad y minoría para poder gobernar se ha traducido en un abuso del decreto-ley?
Las consecuencias son varias. Primero, órganos como el Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, o el Consejo de RTVE no se han podido renovar. Apenas se han aprobado leyes. El decreto-ley es una vía autoritaria, aunque el Gobierno de Sánchez ha introducido una novedad que es tramitarlos como leyes de conversión. Estas se pueden enmendar y modificar para que participen las minorías. Sin embargo, al disolverse las Cámaras, estas iniciativas legislativas han decaído.
En el informe de 2018 también señalan el rol de la Mesa del Congreso, que ha sido más cuestionado que otros años.
Sí. Cuando había mayoría del Pleno entorno al PSOE, la Mesa ampliaba el plazo de la presentación de enmiendas, pero no tiene sentido que un órgano administrativo haga obstruccionismo e impida que trabaje el Pleno.
¿Cómo valora que España continúe con sin reformar el modelo de financiación?
La financiación en cualquier sistema federal no es algo fijo, es algo que hay que actualizar cada año en función de cómo evolucionan las cuentas. Como no se reforma la financiación, el Gobierno creó una serie de fondos y las CCAA reciben dinero del Estado en virtud de estos fondos, pero no es una alternativa a un sistema estable de financiación. Además, los políticos se han de preocupar por explicar la financiación con claridad y transparencia en las Cámaras.
Las leyes que tienen impacto territorial, como también la de Educación, necesitan una voluntad de colaboración. No basta con aprobar una ley en el Congreso por mayoría absoluta si luego la van a aplicar 17 comunidades.
¿España corre el riesgo de quedarse con una Constitución obsoleta que no se ajusta a la realidad?
Sí. Llevamos el camino de EEUU. Las normas deben estar en una Constitución moderna por razones de legitimidad democrática para que los pactos que queremos tener los españoles, los apruebe el pueblo. España necesita integración política ante la desafección por la política que existe. Los Pactos de Estado generan integración y no veo ninguna razón por la que los partidos constitucionales no puedan llegar a acuerdos.
