"Es un procedimiento tasado, es un procedimiento transparente y es un procedimiento normal". El Gobierno ha tratado de zanjar este viernes la polémica desatada por los relevos en la cúpula fiscal, propuestos el miércoles por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y aprobados hoy por el Consejo de Ministros. "El nombramiento de fiscales está tasado en la ley", ha defendido el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, quien no entiende las críticas vertidas contra los cambios.
Las plazas que se han relevado "son plazas de concurso", ha explicado el ministro, y "cualquier fiscal puede pedir" el acceso a una de ellas. Luego "es el Consejo Fiscal quien hace una propuesta" al fiscal general y este al ministro de Justicia, que finalmente la eleva al Consejo de Ministros. Un proceso "totalmente transparente" en el que se han seguido los criterios de "mérito e idoneidad" de los aspirantes para repartir los puestos.
Además, el Gobierno ha dado luz verde a la liberalización del sector de la estiba, pese a que aún no tiene garantizado el apoyo de la oposición para convalidar el decreto que lo ejecuta. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha apelado a la "responsabilidad" de los partidos para avalar una reforma exigida por Bruselas. de no hacerlo, ha destacado De la Serna, estaríamos ante "el primer incumplimiento del Reino de España de un tratado de la Unión". A este coste político se añadiría el económico, puesto que Bruselas multará a España con 21'4 millones si no ejecuta la reforma y 134.000 euros más al día a partir de entonces, hasta que lo haga.
