Las declaraciones como testigos este jueves de los máximos responsables de la lucha antiterrorista y de la investigación de Gürtel durante el Gobierno de Mariano Rajoy, Enrique Barón y Manuel Morocho, respectivamente, han desmontado la coartada "del clan policial mafioso" liderado por el excomisario Villarejo, que han negado el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas en beneficio del partido conservador.
Fuentes de la causa explican a Vozpópuli que ninguno de los dos ha asegurado conocer la existencia de una operación policial, al margen del juez de la causa, entonces Pablo Ruz, que tratara de investigar las cuentas ocultas de Luis Bárcenas. Y mucho menos que este trabajo se realizara previo pago de fondos reservados.
La operación de espionaje se llevó a cabo cuatro años después de que la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal mantuviera una reunión con Villarejo, a la que también acudió el marido de esta, Ignacio López del Hierro, en la que el excomisario acordó realizar trabajos estables para la formación conservadora, según las grabaciones difundidas por Moncloa.com.
Objetivos particulares
En este sentido, un reciente auto del juez que instruye el caso Villarejo en la Audiencia Nacional especifica que dirigentes del Partido Popular se habrían servido a su vez de miembros del Cuerpo Nacional de Policía para conseguir "objetivos particulares de dicho partido político o de cargos del mismo a través de la comisión de hechos delictivos con abuso de funciones", según la información adelantada por eldiario.es.
Asimismo, los investigadores dan especial importancia a la actuación en los hechos del comisario de Policía Andrés Gómez Gordo, que pidió una excedencia para pasar a ser asesor de María Dolores de Cospedal en el Gobierno de Castilla-La Mancha.
También llama la atención a los investigadores dos hechos de especial relevancia. El primero que el exchófer de Bárcenas Sergio Ríos estuviera casualmente a la puerta de la vivienda del extesorero del PP durante el asalto que sufrió por un falso cura, Enrique Olivares García, que irrumpió con una pistola para robar documentos. Sergio Ríos, que redujo junto al hijo de Bárcenas al falso cura, acabó convirtiéndose en agente de la Policía Nacional.
Comisaría de Información
Y la segunda de las incógnitas tiene su origen en el hecho de que los policías que se encargaron de la investigación sobre el falso cura estaban destinados en la Comisaría General de Información de Madrid, y no la Policía Judicial. En la Comisaría General de Información estaban destinados varios de los imputados.
La declaración este jueves de Barón y Morocho se produce después de conocerse la decisión del juez de imputar a tres policías por su participación en la 'Operación Kitchen', en la que la denominada 'policía política' del Gobierno de Rajoy espió al extesorero del PP Luis Bárcenas, que en ese época amenazaba con tirar de la manta y aportar más información de la caja B del PP.
Se trata de los inspectores jefe José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano, así como del que fuera jefe de la Unidad de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas. Según explican fuentes del caso a Vozpópuli, la citación de Martín-Blas se produce por la insistencia en las declaraciones del resto de imputados en su participación. Y eso es lo que ha decidido al juez a citarle como imputado, y no como testigo.
No conocía el espionaje
Fuentes cercanas a Martín-Blas aseguran que es falso que este agente estuviera al tanto del espionaje a Bárcenas, que lideraron el entonces director adjunto operativo (DAO) de la Policía, Eugenio Pino, y el cabecilla del clan policial mafioso, José Manuel Villarejo.
Martín-Blas fue junto al inspector jefe Rubén López el agente integraron la comisión judicial del 'caso del Pequeño Nicolás', que fue la primera causa en la que Villarejo estuvo imputado.
Tanto Martín-Blas como López fueron defenestrados por el ministro del Interior del PP, Jorge Fernández Díaz, que no hizo caso a las investigaciones de Asuntos Internos, y acabó otorgando Medallas Rojas al principal valedor de Villarejo en la Policía, el director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, y al propio Villarejo. Las Medallas Rojas otorgadas a los policías ahora imputados en la pieza 'Kitchen' incluyen una remuneración.
Precisamente, Villarejo ha recurrido a la desesperada a otros policías, algunos de ellos imputados en 'Kitchen', para tratar de evitar la cárcel en otro procedimiento. En concreto, en las denuncias presuntamente falsas que interpuso contra el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, y contra un periodista de El País, por el que la Fiscalía de Madrid le pide dos años de cárcel.
Francisco Martínez
Con este argumento, también pide a la juez que llame a declarar a otros siete testigos, como el ex secretario de Estado de Interior y actual diputado del PP, Francisco Martínez Vázquez. Precisamente, un informe de la Policía del caso del Pequeño Nicolás muestra la estrecha relación que Villarejo mantenía con este cargo del ministerio de Fernández Díaz.
Además, quiere que testifiquen Esperanza Casteleiro, ex responsable del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) y que actualmente está en el Ministerio de Defensa, y el exdirector de esta organismo José Luis Olivera, cuyo nombre también ha sido mencionado en las declaraciones de 'Kitchen', aunque no ha sido imputado formalmente.
Villarejo también ha pedido los testimonios de Eugenio Pino, este sí imputado en 'Kithen', y de los periodistas Esteban Urreiztieta, Manuel Cerdán, Casimiro García-Abadillo y Javier Ayuso, exdirector de comunicación de Casa Real, según informa la Agencia Efe.
