El golpe de mano del líder de Podemos, Pablo Iglesias, con la redacción de unos nuevos estatutos del partido que no se ajustan a lo votado por la militancia en Vistalegre II, seguirá trayendo cola. Y es que quienes consideran "nulos" estos reglamentos y apoyan la denuncia de la presidenta de la Comisión de Garantías Democráticas estatal (CGDE), Olga Jiménez, expedientada por ello, están trabajando en la búsqueda de una salida a este conflicto interno. Un problema de especial relevancia que no ha teniendo en estos días mayor trascendencia por omisión de la cúpula de Iglesias y por la actualidad que marca el panorama catalán.
En este contexto, fuentes del entorno de Jiménez señalan a Vozpópuli a que en este momento estudian dos posibles vías de actuación en estas semanas. Una de ellas sería promover la convocatoria de otro "Pleno federal" de las comisiones de garantías autonómicas, como el que tuvo lugar el pasado 31 de agosto en Madrid. A diferencia de aquella cita, la idea sería contar también con presencia de todos los miembros electos de la Comisión de Garantías estatal, es decir, incluso con aquellos que promovieron el expediente contra Jiménez: Argiro Giraldo, María del Rosario Rodero e Isabel Serrano. El primero ejerce ahora mismo como presidente interino con el visto bueno de la dirección de Iglesias.
Este "Pleno federal" de comisión de garantías autonómicas va en línea de lo propuesto por el tribunal de la delegación de Podemos Andalucía. En una resolución aprobada el 16 de septiembre, dicha acordó, "dada la gravedad de la situación sobrevenida en este conflicto", proponer que se celebre a primeros de octubre de 2017 una reunión de "todas y todos los miembros de la CGDE" con los plenarios de sus órganos homólogos en cada territorio. A esa reunión, añade el texto, sería invitada una representación de la secretaría de Organización de Podemos, encabezada por Pablo Echenique, "con el fin de concretar, mediante el diálogo, la cooperación que supere esta crisis".
Además, la resolución exigen que se revoque "la decisión de apertura de expediente disciplinario contra la compañera Olga Jiménez", quien "seguirá ejerciendo sus funciones legitimada y avalada estatutariamente por la votación de la asamblea" y su elección para la CGDE.
Este acuerdo del órgano de garantías de Podemos Andalucía precisa que a esa cumbre deberían asistir "todas las CGD Autonómicas con todos sus miembros", es decir, sus plenarios. Esta cuestión es importante porque daría más legitimidad a lo acordado en ese eventual encuentro. Fundamentalmente porque no todos los representantes de 12 tribunales autonómicos (de los 16 que tiene Podemos) que fueron a la reunión del 31 de agosto llevaron el aval del resto de integrantes de sus órganos.
Así, en la rueda de prensa que dio Echenique el 4 de septiembre, el número tres de Podemos no dio validez alguna a la "declaración" que salió de aquel encuentro y que pedía la rehabilitación de Jiménez y la retirada de los nuevos Estatutos del registro del Ministerio de Interior. "Las bases entienden que los órganos competentes son los que tienen que decidir. No lo que diga una recogida de firmas, manifiestos o diarios importantes de este país", sentenció.
Sin embargo, las fuentes próximas a Jiménez recuerdan que la convocatoria de un Pleno federal de los 'tribunales' autonómicos viene respaldada por el artículo 19.e del reglamento de la CGDE. "La Comisión de Garantías Democráticas podrá promover reuniones con las Comisiones de Garantías Democráticas de ámbito inferior, al objeto de intercambiar criterios de actuación para mayor coherencia y eficacia en el desarrollo de sus funciones", señala el citado precepto.
De igual modo, el entorno de Olga Jiménez también baraja la opción de buscar soluciones a través de la constitución de una "Comisión Mixta", como fórmula de mediación, donde estuviesen representadas todas las partes implicadas, incluida la secretaría de Organización de Echenique, que se encargó de pilotar la transposición de los documentos de Vistalegre II a los nuevos Estatutos.
Sin interlocución
En este momento no existe la más mínima interlocución entre la dirección de Podemos y Jiménez, pese que continúa siendo la presidenta de la Comisión de Garantías estatal "con un perfil independiente y elegida democráticamente" por los inscritos del partido, subrayan dichas fuentes. Está previsto que la CGDE interina, dirigida por quienes le denunciaron, resuelva su expediente en los próximos días. En caso de que se confirme su suspensión de militancia, Jiménez tendrá que recurrir ya a la Justicia ordinaria. La presidenta de la Comisión de Garantías estatal anterior a Vistalegre II era Gloria Elizo, actual vicepresidenta cuarta del Congreso de los Diputados y persona de la máxima confianza de Iglesias.
