La cuarta teniente de alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz, ha defendido este jueves que el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT) "sigue vigente y tiene plena eficacia jurídica" y que hay "dudas jurídicas e interpretaciones varias" sobre sentencias recientes.
Así ha reaccionado Sanz a las informaciones aparecidas en varios medios que apuntan que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha tumbado en su integridad el PEUAT porque no incluye una evaluación económica y financiera.
La teniente de alcaldía ha recordado que la sentencia no es firme y ha apuntado que de los tres jueces que firman la sentencia uno ha emitido un voto particular que iría en la línea de lo defendido por el consistorio.
Sanz ha indicado que el Ayuntamiento procederá ahora a intentar "aclarar" el sentido de la sentencia, de lo que se encargarán los servicios jurídicos del consistorio, y ha advertido de que el gobierno municipal se reserva la opción de presentar un recurso de casación.
El ejecutivo barcelonés defiende que el PEUAT permite "frenar que haya barrios en los que los vecinos no sean lo prioritario", pues hay zonas de la ciudad en las que "no se necesitan más hoteles, sino más vecinos y vecinas".
En Comú, PSC, ERC y la CUP
Ha recordado que el plan salió adelante con el acuerdo de los grupos municipales de Barcelona en Comú, el PSC, ERC y la CUP y que estas fuerzas políticas suman hoy 28 de los 41 concejales del consistorio -excluida la CUP, que no ha obtenido representación en las recientes elecciones-.
"No hemos dejado de tener los riesgos que teníamos con relación al modelo turístico global", ha asegurado Sanz, que ha afirmado que el PEUAT "pasó todos los trámites de seguridad jurídica" requeridos por el consistorio antes de llevarse a la práctica.
Ya es hora de "poner orden" al turismo después de "una época bastante larga de barra libre", ha sostenido.
Este plan del consistorio, aprobado en 2017, prohíbe la apertura de nuevos hoteles en el centro de la capital catalana y refuerza la lucha contra el alquiler de viviendas turísticas ilegales.
