Septiembre está a la vuelta de la esquina y el Gobierno deberá llevar al Congreso la senda de déficit y el techo de gasto que Podemos y los dos partidos independentistas tumbaron con su abstención el pasado 27 de julio. Ahora, los de Pablo Iglesias preparan una propuesta que harán llegar "pronto" al Ejecutivo si quiere garantizarse el apoyo de sus 67 diputados en la votación de la Cámara Baja.
La aprobación del techo de gasto es el paso previo para la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Unas cuentas públicas que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se muestra abierta a retrasar incluso hasta el mes de noviembre (normalmente se aprueban en septiembre), con tal de conseguir el consenso del resto de fuerzas que hicieron prosperar la moción de censura contra Mariano Rajoy (Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís y EH Bildu).
En todo caso, el objetivo de que entren en vigor al comienzo de 2019. Pero el partido morado -partidario de aumentar el gasto y la inversión- quiere aprovechar esta "segunda oportunidad" para obligar al Gobierno a incluir en dichas cuentas los fondos necesarios que permitan sufragar algunas de las veinte medidas que Iglesias puso encima de la mesa inmediatamente después del triunfo de la moción. En la anterior ocasión justificaron su abstención en que la propuesta del Gobierno era "excesivamente continuista con la política fiscal del Partido Popular".
Conscientes de la debilidad parlamentaria de los socialistas, Podemos trata de amarrar en la medida de lo posible el mérito de algunas de las propuestas que el Gobierno ya ha hecho suyas. "Este Gobierno, en el poco tiempo que lleva en La Moncloa, ha dado claras muestras de no saber y, quizá, no querer escuchar a sus socios parlamentarios. De ahí su soledad actual en el Parlamento", denunciaba el secretario de Economía de Podemos, Nacho Álvarez este viernes en un artículo en El País.
Pero gran problema llegará en el Senado, donde la mayoría absoluta del PP puede tumbar de nuevo el techo de gasto gracias a la Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada durante la etapa de Rajoy. Por ello, el coordinador del equipo económico de los morados planteaba además la necesidad de "romper el candado con el que la Ley de Estabilidad asegura la pervivencia de la austeridad fiscal —el veto del Senado—, así como reformar profundamente la Regla de Gasto para permitir que los Ayuntamientos dispongan de sus propios superávit".
La idea de Hacienda es llegar hasta el Senado y hacer que el PP se quede solo rechazando unas cuentas que abrirían el grifo presupuestario para las comunidades autónomas a las puertas de un año electoral (2019). De lo contrario, si el PP vota en contra y no se abstiene, al Gobierno no le quedará otra que adoptar la senda aprobada por los populares (con un déficit del 1,3% en 2019 y de un 0,5% en 2020). Se trataría de cinco y seis décimas menos, respectivamente, de lo que pretende el Ejecutivo de Sánchez, lo que le obligaría a realizar un ajuste de unos 6.000 millones de euros.
Ahora, en la segunda prueba de fuego de este Gobierno...
