El grupo de Unidos Podemos-En Comú-En Marea ha presentado este jueves en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para delimitar el precio de los alquileres a particulares en zonas saturadas, de alta turistificación. Así mismo, el texto del partido de Pablo Iglesias y sus socios plantea que los arrendadores sólo puedan exigir un mes de fianza a los arrendatarios y eliminar la figura del aval bancario como garantía en caso de impago.
En concreto, Podemos aboga por la modificación de varios artículos de la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Así, la formación morada introduce "la posibilidad de que las Comunidades Autónomas, en coordinación con los municipios afectados, regulen los incrementos desproporcionados de los precios de los alquileres en áreas con el mercado fuertemente tensionado, a través de un índice de precios máximos de alquiler". En el caso de Madrid y Barcelona, serán los Ayuntamientos los encargados de esta regulación.
De este modo, el grupo de Unidos Podemos-En Comú-En Marea argumenta que "la falta de vivienda asequible y la ausencia de límites suficientes al ejercicio abusivo de la libertad de empresa y del derecho de propiedad privada han impedido el ejercicio generalizado del derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada.
"La posibilidad de regulación de los precios de alquiler asegura una rentabilidad económica proporcionada del alquiler a largo plazo para los propietarios, equilibrando así el derecho a la libertad de empresa y el derecho a la propiedad privada en relación al derecho de acceso a una vivienda digna y el cumplimiento de la función social de la propiedad", defienden. A su juicio, "el existente desequilibrio en la negociación de la renta entre la parte arrendadora y la parte arrendataria, en escenarios de escasez de oferta y tensión de los precios, comporta que el precio se determine de forma unilateral por la parte arrendadora, siendo la mayoría de las veces una carga desproporcionada en relación con los ingresos familiares", sostienen.
Por ello, consideran que debe permitirse "la intervención de los poderes públicos en la regulación de un elemento esencial en la relación contractual, como es el precio".
Indicadores
Podemos establece una serie de criterios a tener en cuenta por las instituciones públicas para la determinación del índice de precios (estado de conservación, mantenimiento de la vivienda, su antigüedad, altura, accesibilidad, eficiencia energética...) así como un conjunto de indicadores para la determinación de las "aéreas urbanas con mercado de vivienda tensionado". Por ejemplo, una de esas variables es que "exista una fuerte demanda de vivienda en alquiler asequible no satisfecha según los datos del registro de demandantes de vivienda autonómico u otro registro oficial autonómico o local".
Junto a esta cuestión clave, los diputados Rafael Mayoral y Lucía Martín -firmantes de la iniciativa- también plantean otras medidas destinadas a "paliar la situación de
emergencia en la que se encuentran las personas inquilinas" como la exigencia de solo un mes de fianza a los arrendadores o la supresión de los avales bancarios.
La proposición de ley recoge que "no podrán pactarse fianzas superiores a una
mensualidad de renta para uso de vivienda" entre el propietario y el inquilino. Además, señala que tampoco podrán "pactar ningún tipo de garantía del cumplimiento por la parte arrendataria de sus obligaciones arrendaticias adicional a la fianza en metálico".
