Podemos exigirá que la reforma de la Constitución que ha propuesto Pedro Sánchez para eliminar los aforamientos de los cargos públicos sea sometida a un referéndum vinculante, según han confirmado fuentes de la dirección del partido morado. La idea que maneja la formación de Pablo Iglesias es que la reforma de la Carta Magna no se quede en una mera reforma de los aforamientos, sino que debe ampliarse el debate al encaje territorial o al blindaje de los derechos sociales.
Según el artículo 167.3 de la propia Carta Magna, "aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras". El grupo confederal de Unidos Podemos tiene 67 diputados, por lo que cuenta con fuerza parlamentaria suficiente para pedir la consulta.
En cualquier caso, no se trata de una demanda nueva, sino que el partido morado la viene defendiendo desde años atrás. "Supongo no hay ninguna formación política que quiera hurtar que la ciudadanía opina sobre cualquier cambio en la Constitución", decía Irene Montero en rueda de prensa el pasado mes de marzo, haciendo hincapié en que no vuelva a suceder lo que pasó en 2011 cuando PP y PSOE cambiaron el artículo 135 sin pasar por las urnas.
El anuncio del jefe del Ejecutivo coincidía con la tradicional rueda de prensa de Podemos tras la reunión del Consejo de Coordinación. La coportavoz de la Ejecutiva, Noelia Vera, sugería una reforma más amplia "un poco más profunda" de la Carta Magna para "adaptarse a los tiempos que vivimos en nuestro país".
En este sentido, pedía abrir también la posible modificación al "debate territorial" y la "lucha contra la corrupción" o para "el blindaje de los derechos sociales". Sin embargo, no condicionaba ese amplio debate a su apoyo a la reforma de los aforamientos. "Tendremos que debatirlo. De momento no condicionamos nada, vamos a escuchar el planteamiento que quiere hacer", se limitó a responder.
"No queremos privilegios para nadie, todo el mundo tiene que ser juzgado de la misma forma, pero eso implica también ver por qué no se puede juzgar al rey emérito" por supuestos "casos relacionados con corrupción", ha concluido Vera.
