Desde este lunes, la Audiencia Nacional se prepara para el juicio de Pompeyo González, un jubilado burgalés de 74 años, quien enfrenta cargos por el envío de cartas explosivas a diversas instituciones, entre ellas, el Palacio de la Moncloa, el Ministerio de Defensa, y varias embajadas.
El proceso judicial contra González se basa en un presunto delito de terrorismo con resultado de lesiones, especialmente por las heridas sufridas por un empleado de la Embajada de Ucrania, Mykola Velychko. La Fiscalía solicita una condena de 22 años de cárcel, además de la inhabilitación absoluta y especial para profesiones u oficios educativos. También se le insta a indemnizar al trabajador herido con 1.500 euros por las lesiones sufridas.
El caso tomó relevancia en junio de 2023, cuando el magistrado José Luis Calama decidió llevar a juicio a González por terrorismo y empleo de artefactos explosivos con finalidad terrorista. Se le atribuyen seis envíos de cartas explosivas, incluyendo una dirigida al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
Así costaba en el auto en el que el magistrado recordaba que también fueron objeto de esas misivas explosivas la ministra de Defensa, Margarita Robles, las instalaciones de la empresa Instalada en Zaragoza, las embajadas de Estados Unidos y Ucrania en Madrid y el centro de satélites de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz.
En el escrito de acusación, se destaca que las acciones de González, con sus cartas, buscaba transmitir el mensaje de que esas acciones eran efectuadas por personas vinculadas a Rusia "como represión hacia los intereses de España y Estados Unidos como consecuencia de su apoyo a Ucrania ante la ocupación rusa". Y que su interés era "obligar a los poderes públicos (...) a abstenerse del apoyo mostrado a favor de Ucrania frente a la agresión rusa".
Un agente de la Policía Nacional sospecha que González sabía que estaba siendo vigilado
Un agente de la Policía Nacional que investigó a Pompeyo González, que está siendo juzgado por la Audiencia Nacional como presunto autor del envío de cartas explosivas a varias instituciones, ha sostenido que el jubilado burgalés sabría que estaba siendo vigilado dos días antes de su detención, por lo que habría podido aprovechar para eliminar pruebas. Cabe destacar que la Fiscalía pide que sea condenado a una pena de 22 años de cárcel por un delito de terrorismo con resultado de lesiones --por las sufridas por el empleado de la Embajada ucraniana Mykola Velychko-- y un delito de fabricación, tenencia, colocación y empleo de aparatos explosivos, inflamables o incendiarios con finalidad terrorista.
"Cuando salía de casa siempre tomaba medidas de seguridad. Era muy maniático", ha explicado el citado agente, que ha relatado que, dos días antes de su detención, comenzó a "hacer cosas raras". "Empezó a andar para arriba y para abajo. No descarto que viera algo", ha añadido.
En esta línea, el testigo ha asegurado que no descarta que el acusado se percatase de la presencia policial, que ya había estrechado el cerco sobre él, y que aprovechase entonces para limpiar su piso. La destrucción de algunas de las pruebas habría sido relativamente fácil, ha apuntado, puesto que las mismas eran "muy pequeñas", hasta el punto de poder desprenderse de las mismas tirándolas "por la taza del váter".
De hecho, ha continuado este agente, Pompeyo González llevaba entre cinco y diez clavos muy grandes encima el día de su detención. Fue instantes antes de la misma cuando "lo tiró en la bolsa de basura" que posteriormente recuperaron los investigadores.
El rastreo de los sobres les llevó a la conclusión de que "esos paquetes procedían de la provincia de Burgos, de unas determinadas rutas donde casualmente también se transitaba por Miranda de Ebro". Eso, "con el resto de indicios como la venta de sobres", les permitió centrar "el tiro" en Pompeyo González. Los agentes se cercioraron entonces de que, "en fechas anteriores al envío de los artefactos, esta persona había comprado a través de Amazon etiquetas que eran exactamente idénticas que las que figuran en los sobres" así como "bisagras muy pequeñas que podían ser como las que rezan los artefactos". "Entonces ya, por así decirlo, todo ya nos llevaba allí y finalmente se desplazaron compañeros a hacer vigilancias, a recuperar efectos que podía haber abandonado para recoger ADN", ha concluido el agente.
Se descargó manuales de explosivos
Pompeyo González, según ha explicado otro de los agentes que ha departido este lunes, se descargó manuales para la elaboración de explosivos e incluso llegó a consultar vídeos de una persona que llegó a enviar paquetes de este tipo. El instructor del primer atestado, por su parte, ha dado cuenta de cómo se inició la investigación contra el jubilado, que arrancó el 30 de noviembre de 2022 después de que se produjese la explosión en la Embajada de Ucrania en Madrid.
"Empezamos a investigar por entender que podía ser un tema de terrorismo", ha señalado el agente, que la primera hipótesis apuntaba a que, por los objetivos atacados, lo que buscaría el autor sería "influir en la postura de España" en la guerra de Ucrania. Y es que, además del ataque a la sede del país, el acusado envió un sobre explosivo a la empresa Instalaza en Aragón. La misma se dedica, como ha detallado el agente, a la elaboración de armas y municiones, habiendo enviado algunas de las mismas a Ucrania.
