Dudas jurídicas e idas y vueltas entre el Congreso y el Tribunal Supremo. La presidenta del Congreso se estrenó el pasado martes con una de las decisiones más difíciles que se podía encontrar sobre la mesa; suspender de sus funciones a cuatro diputados independentistas catalanes que están siendo juzgados y permanecen en prisión preventiva.
Meritxell Batet retrasó dos días la primera reunión de la Mesa -el órgano de gobierno de la Cámara- bajo una intensa presión de PP y Ciudadanos que reclamaban con fuerza no dilatar más la decisión. La presidenta intercambio comunicaciones con el Tribunal Supremo para aclarar el procedimiento. Desde el Alto Tribunal, el juez Manuel Marchena dejó claro que la pelota está en campo del Poder Legislativo.
La Cámara Baja es soberana y debe ser ella quien decida sobre la situación de sus miembros. Ante toda la presión, Batet terminó este jueves solicitando con apoyo de Podemos un informe a los letrados de la Cámara para blindar la decisión que se tomará con toda probabilidad este viernes, a dos días de una triple cita con las urnas.
Para naranjas y populares no hay duda. El Reglamento ampara con su artículo 21.2 la suspensión inmediata de Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull. Ni los de Pablo Casado ni los de Albert Rivera veían necesario el informe para una suspensión que desde Unidos Podemos rechazan. La clave para Batet era "garantizar que las decisiones sean estrictamente conforme a derecho y con la máxima seguridad jurídica".
Los de Pablo Iglesias, visto que los socialistas se decidían por fin a ejecutar la suspensión, abogaron por dilatar la decisión al menos hasta la próxima semana, una vez pasada la cita con las urnas del 26-M. La alcaldesa de Barcelona Ada Colau se juega revalidar el bastón de mando de la ciudad condal frente a una ERC que podrá explotar la suspensión de Junqueras en la Cámara Baja.
La gran incógnita será saber qué papel ocupa el suplicatorio en el informe que aporten los servicios jurídicos del Congreso. La Cámara goza de independencia. Y el artículo que se pretende usar para la suspensión marca la necesidad de que el Supremo pida ese permiso al Congreso para poder juzgar a sus miembros. Marchena entendió que no era necesario, pues esos miembros ya estaban siendo juzgados antes de acceder al cargo. Y además, pedir el suplicatorio detendría el juicio que está a punto de terminar. En cualquier caso, la decisión acabará en el Tribunal Constitucional.
