La tarde del 22 de marzo desfilarán por la Comisión Anticorrupción del Congreso los tesoreros de las cuatro grandes formaciones nacionales: PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos. Lo harán para dar su opinión sobre el sistema de financiación de partidos, primero de los temas en que se está centrando el trabajo de este órgano de nueva creación y oficialmente denominado Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales. La iniciativa de citar a los tesoreros partió del PP, causó recelos en el resto y ha contado hasta el final con el rechazo de la formación de Pablo Iglesias. Sin embargo, su departamento de Finanzas ha sido convocado porque los populares lo han forzado.
Y lo han hecho utilizando parte del cupo que les corresponde para estas comparecencias, que se reparte ponderadamente en función del tamaño de cada grupo. En un primer momento, PSOE y Ciudadanos también se dijeron partidarios de priorizar otras comparecencias, aunque se avinieron a convocar a sus tesoreros ante la insistencia del PP, que estaba dispuesto a forzar por su cuenta las llamadas de todos ellos. "No nos importa que vengan, pero pero preferiríamos dedicar el tiempo y el esfuerzo a otras cosas", coinciden en explicar desde estos grupos.
Podemos, en cambio, mantuvo firme su postura de no emplear el cupo en una citación que a su juicio "no va a aportar nada al debate". Ante esa tesitura, los populares han hecho valer la fuerza de ser el grupo mayoritario para convocar al responsable de las cuentas moradas, que acudirá el mismo día que el resto. A falta de que se convoque oficialmente la sesión de los tesoreros, fuentes del órgano informan a Vozpópuli de que se ha consensuado la fecha del 22 de marzo. Además, está por ver si también acuden, en otra jornada, los representantes de los partidos nacionalistas, igualmente reacios a asumir el planteamiento del PP.
"Creemos que es bueno que los tesoreros vengan y expliquen su visión de conjunto, de la legislación vigente y de posibles medidas a implementar para mejorar el sistema y su transparencia", explican desde el grupo de Mariano Rajoy. "Son ellos quienes están aplicando la ley de financiación de partidos, los que gestionan recursos públicos y escuchándoles es como se le dará sentido a la acción del poder legislativo, consideramos que su aportación es fundamental", continúan. Como contraejemplo, ponen el papel de "algunos aspirantes a Torquemada" que quieren que el Parlamento "haga el papel que corresponde a los tribunales" poniendo el foco en casos de corrupción.
Los populares han promovido la citación de los tesoreros porque creen que "es bueno que expliquen su visión sobre la legislación vigente en materia de financiación"
El formato establecido es que el compareciente intervenga por espacio de 15 minutos y luego un portavoz de cada grupo le interpele por espacio de tres minutos, ronda a la que responderá el protagonista durante otro cuarto de hora. La puerta está abierta, pues, a que los partidos planteen las cuestiones que consideren, siempre que toquen el tema a debate, el de la financiación, y que el presidente (Toni Cantó, Ciudadanos) lo permita.
PP, PSOE y Cs enviarán a los máximos responsables de sus cuentas -Carmen Navarro, Gregorio Martínez y Carlos Cuadrado-, pero está por ver quién representa a Podemos. El homólogo morado a los tres citados es Segundo González, diputado por Asturias y secretario de Finanzas y Transparencia hasta Vistalegre II, pero el partido no lo ha confirmado. Fuentes de la comisión se decían este jueves seguras de que enviarían a "alguien de segunda fila" para descafeinar una comparecencia que a buen seguro tendrá que dar explicaciones sobre, entre otras cosas, el controvertido sistema de crowdfunding usado por Podemos para financiar sus campañas.
Otras prioridades
Al contrario que el PP, los otros partidos -y especialmente Podemos- creen que sería mejor enfocar la actividad a comparar el sistema español con el de otros países y tratar de tomar ideas, en vez de analizar el marco legal vigente y la valoración que las formaciones hacen de él. También plantean fiscalizar escándalos recientes, aunque de momento el trabajo se centra en los mecanismos de financiación. Ciudadanos, por ejemplo, espera que de aquí salga el esquema de un nuevo modelo que "refuerce las garantías anti-corrupción". El PP cree que las reformas del Gobierno Rajoy ya han articulado un sistema que deja escasos resquicios a los desmanes y cree que así se pondrá de manifiesto con las comparecencias de tesoreros y expertos.
Las disputas entre los partidos ya provocaron que la comisión se estancara, bloqueo que finalmente se diluyó con el acuerdo de crear una subcomisión -centrada en un primer momento en el referido tema de la financiación- que echó a andar el 15 de febrero.
Ese día, se celebraron las primeras comparecencias, protagonizadas por los expertos Benigno Pendás (director del Centro de Estudios Políticos e Institucionales), Inés Olaizola (catedrática de Derecho Penal), Manuel Villoria (catedrático de Ciencia Política) y Jesús Lizcano (catedrático de Economía Financiera y Contabilidad). Antes de que acudan los tesoreros, el órgano acogerá al menos otras dos sesiones (lunes 27 de febrero y miércoles 8 de marzo) para escuchar a miembros de la sociedad civil.
En principio, está previsto que la subcomisión concluya su análisis sobre la financiación de los partidos en abril, aunque ese horizonte podría adelantarse en función de los acontecimientos. Se diseñó un calendario de unas seis o siete sesiones, con un máximo de cuatro comparecencias en cada una de ellas y diez semanas como plazo máximo para elaborar las conclusiones, que luego serán elevadas al pleno del Congreso para su debate y votación.
Al margen de la subcomisión pueden celebrarse otras comparecencias. De hecho, el PP plantea que se cite a Sociedad Civil Catalana para que presente el informe de calidad democrática que elabora cada cierto tiempo, o al Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales) para que exponga su trabajo. Podemos, por su parte, tiene registradas las peticiones de comparecencia del jefe de Gabinete de Rajoy, Jorge Moragas, y de los constructores Juan Miguel Villar-Mir y Florentino Pérez.