El PP quiere vetar como sea el 'desfile' de sus ex tesoreros por la Comisión Barcenas el Congreso para impedir que abran en canal su supuesta financiación irregular durante los últimos 40 años; y cree haber encontrado una fórmula.
En el escrito de amparo que anoche remitió a la Mesa del Congreso, el portavoz del Grupo Popular, Rafael Hernando, argumenta la necesidad de "delimitar claramente" el "objeto concreto" a investigar, porque, lo contrario es una "causa general" contra el PP.
Los populares proponen que no se les investigue más atrás de esta legislatura, es decir, desde julio de 2016, porque ello obliga a llamar a ex tesoreros o ex parlamentarios a los que "resultaría ineficaz exigir responsabilidades políticas" cuando ya están fuera de la vida pública; o, en su defecto, reclama el PP que se investigue solo desde la fecha de la reforma legislativa que introdujo el delito de financiación ilegal de partidos en el Código Penal, es decir, desde enero de 2015.
A nadie se le oculta que, de prosperar cualquiera de esas dos tesis en la Mesa -improbable porque Ciudadanos, PSOE y Podemos tienen mayoría- solo terminarían compareciendo ante la 'Comisión Barcenas' la actual tesorera, Carmen Navarro (nombrada en 2012) y Mariano Rajoy; ni Luis Barcenas -cuyo paso por la Comisión está previsto para el 26 de junio-, Alvaro Lapuerta, Ángel Sanchis o Cristóbal Páez podrían ser llamados a comparecer ante el Congreso. Ya solo cabría su responsabilidad penal ante los tribunales que investigan Gürtel y otros sumarios.
El escrito del Grupo Popular a la Mesa contiene numerosos argumentos jurídicos susceptibles de ser usados posteriormente en el previsible recurso ante el Tribunal Constitucional.
Por ejemplo, reclama al órgano de Gobierno el preceptivo informe de funcionamiento de la Comisión de investigación, basándose en lo dispuesto en el artículo 31 del reglamento del Congreso. Además, se pide delimitar el "ámbito institucional" a la Administración del Estado, para no invadir competencias de autonomías y ayuntamientos, e incluso del Tribunal de Cuentas en su función fiscalizadora de los partidos.
Los populares sostienen además que, según el artículo 52, un compareciente -en este caso Luis Barcenas, el único llamado por ahora- debe ser informado sobre el objeto a declarar para no someterse a indefensión.
El PP concluye pidiendo que, una vez recibido por ésta el informe de los letrados del Congreso que insta, la Mesa anule a todos los efectos el plan de trabajo aprobado ayer por PSOE, Ciudadanos y Podemos en la 'Comisión Barcenas' para volver la convocar la reunión y reducirlo conforme a las nuevas condiciones.
La esperanza del Gobierno y el PP es que, de no aceptar la Mesa del Congreso sus argumentos, el Tribunal Constitucional paralice la actividad de la 'Comisión Barcenas' en tanto no resuelva sobre el fondo de su recurso; así ganaría tiempo para que el 'desfile' de los extesoreros, si finalmente tiene que producirse, no coincida en el tiempo con la declaración de Mariano Rajoy por el 'caso Gürtel' ante la Audiencia Nacional el 26 de julio
