El PP quiere conocer en qué condiciones se instaló Ciudadanos en el número 253 de la madrileña calle Alcalá. Los populares han llevado este asunto al Senado en el marco de la Comisión de investigación sobre la financiación de los partidos políticos que ha sido creada como contrapeso a la que indaga sólo las finanzas del PP en el Congreso.
En el escrito remitido a dicha comisión, el Grupo Popular solicita al partido de Albert Rivera que remita a la misma, entre otros documentos, el listado de propiedades, alquileres y contratos de arrendamiento a nombre del partido, así como el "contrato de compraventa o alquiler" de la sede de la formación naranja en la capital. También reclama el PP una relación de las facturas relativas a las obras acometidas en el citado inmueble y al "mobiliario adquirido".
Pero el interés de los populares por la sede de C's en Ventas no se queda ahí y también plantean dos comparecencias al respecto. Además de la citación de Carlos Cuadrado, responsable de las finanzas del partido centrista, el Grupo Popular demanda que sea convocado "el representante legal de Caser Seguros, como arrendadores del inmueble de la sede central de C's en Madrid".
Vozpópuli ya adelantó el pasado marzo que el PP iba exigir más transparencia a Ciudadanos en relación el alquiler de su sede nacional. Los populares mantienen que "hay mucho por saber" sobre los términos en que el partido se instaló a finales de 2015 como inquilino del número 253 de la calle Alcalá, propiedad de la compañía de seguros Caser. Fuentes parlamentarias del PP apuntaron a este diario que la formación de Rivera habría salido especialmente favorecida de esta operación al obtener un "precio amigo".
La dirección de Ciudadanos explicó a Vozpópuli que el alquiler que paga el partido es de "casi 30.000 euros" al mes (cerca de 360.000 euros al año) por todo el edificio, esto es, por 2.560 metros cuadrados y 40 plazas de garaje. De este modo, dicho arrendamiento sale por 11,7 euros el metro cuadrado, un valor que está por debajo del alquiler más económico de la zona.
Se da la circunstancia de que el avalista de Caser Seguros en este alquiler es CaixaBank, la entidad que presidía Isidre Fainé y que, al mismo tiempo, tiene acciones (5,48%) de la aseguradora propietaria del inmueble. Además de Caixabank, también Liberbank forma parte del accionariado de Caser. De esta entidad bancaria fue consejero Luis Garicano, actual responsable de Economía y Empleo de Ciudadanos, hasta abril de 2016.
La formación naranja se instaló en la planta baja y entreplanta de Alcalá 253 en diciembre de 2015, a escasas semanas de las elecciones generales del 20-D. Y lo hizo con urgencia después de que se cancelara in extremis la mudanza prevista a las dos primeras plantas del número 16 del Paseo de Recoletos.
Rápido acomodo
Según las fuentes consultadas del PP, existen indicios de que Ciudadanos no sólo encontró el nuevo inmueble a un coste menor, sino que halló tal acomodo "rápidamente", muy cerca de Plaza de Toros de Las Ventas y la M-30. El partido de Rivera estuvo a punto de pagar 12.000 euros al mes por dos plantas del número 16 del Paseo de Recoletos, que sumaban 800 metros cuadrados aproximadamente. Pero la operación se abortó en el último momento.
Y es que, justo cuando la prisa más acechaba, Ciudadanos tuvo oportunidad de recalar en dos plantas (700 metros) del 253 de la calle Alcalá. Aquí, tal y como informó en su día la dirección naranja, el pago único fue de 7.200 euros (más IVA) por la estancia en la planta baja y entreplanta durante los tres meses comprendidos entre el 1 de diciembre de 2015 y el 28 de febrero de 2016. Cumplidos esos tres meses, Ciudadanos continuó fijando aquí su cuartel general, aunque de esas dos plantas iniciales pasó después al alquiler de todo el edificio.
Por su parte, el Tribunal de Cuentas aludió a la sede de Ciudadanos en su informe de fiscalización de las campañas electorales para las generales del 20-D. El órgano supervisor excluyó de la cobertura estatal 387.667,12 euros que había presentado Ciudadanos para justificar una serie de actuaciones y obras en este inmueble. El tribunal señaló que tales conceptos "no tienen la consideración de gasto electoral" con arreglo a la Loreg y obligó a la formación naranja a asumirlos de su bolsillo.
