Si algo inquieta a los 3.000 hombres y mujeres que integran el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) es convertirse en el centro de los focos políticos, lejos de su premisa básica de la discreción. En estas jornadas, a su pesar, son los protagonistas de los últimos guiños del PSOE al separatismo y socios habituales del Gobierno: la desclasificación de informes de los atentados de Cataluña (pedida por Junts) y la modificación de la ley por la que se rigen los servicios de Inteligencia (por el PNV) serán objeto de debate en el Congreso de los Diputados. Decisiones que, per se, no generan inquietud a los integrantes del centro; no obstante, abrirían las puertas a futuras peticiones planteadas por los independentistas.
"¿Hasta dónde llegarán las concesiones con el CNI?", se preguntan fuentes políticas cercanas a los servicios de inteligencia españoles. La iniciativa relacionada con los informes de los atentados de Cataluña apenas genera inquietud, señalan estas fuentes a Vozpópuli. Dieciséis víctimas mortales y más de 150 heridos es el balance del ataque terrorista perpetrado por una célula yihadista en Barcelona y Cambrils.
Desde entonces, el independentismo ha abonado la hipótesis de que los ataques se perpetraron con la connivencia -si es que no con el apoyo directo- del CNI. Ponen el foco en Abdelbaki Es Satty, el imán de Ripoll, asegurando que era confidente de la Inteligencia española. Aunque los principales indicios chocan con esta hipótesis, el separatismo catalán sostiene que el Estado permitió los ataques para debilitar al Gobierno autonómico.
"No hay nada que esconder", señalan las mismas fuentes. Recuerdan que ya ha habido una investigación judicial, una sentencia, y que la Audiencia Nacional desestimó cualquier posibilidad de investigar el papel del CNI en los atentados. No obstante, algunos reportajes periodísticos y las declaraciones del excomisario José Manuel Villarejo aún alimentan las teorías conspirativas.
La reforma del CNI
Y de la desclasificación de los informes de los atentados de Cataluña, a la reforma planteada por el PNV. Los nacionalistas vascos retoman la propuesta impulsada en pandemia por el Gobierno -desestimada por el Constitucional por plantearla en un real decreto con medidas de emergencia ante el Covid- de abrir la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia a todas las vicepresidencias; o lo que es lo mismo, incluiría en este órgano de control a figuras como Yolanda Díaz.
Los nacionalistas vascos también recogen en su proposición de ley un seguimiento parlamentario y judicial más estrecho sobre el CNI. Respecto al primer ámbito, abriendo a los diputados algunas de las materias que ahora se consideran clasificadas; en el segundo, estableciendo que sean tres magistrados del Supremo los que, por unanimidad, avalen las investigaciones más sensibles, en lugar de que sea sólo uno, como rige en la actualidad.
Las fuentes consultadas por este diario aseveran que el "garantismo" de las actuaciones ya está ahora avalado por la Justicia y que abrir la autorización de sus actuaciones hasta la unanimidad de tres magistrados "no supondría un contratiempo reseñable".
Pero la principal preocupación en las negociaciones sobre el CNI no deviene de las cesiones que ahora se debaten en el Congreso de los Diputados, sino del hecho de que los servicios de inteligencia se hayan convertido en "moneda de cambio" habitual con los independentistas, que en términos políticos tienen al centro en el punto de mira deslegitimando sus actuaciones.
El precedente de Paz Esteban
El punto de inflexión, sostienen, fue el cese de la director Paz Esteban en pleno escándalo por el espionaje con Pegasus. Primero fueron los líderes independentistas de Cataluña los que denunciaron que el CNI había intervenido sus conversaciones con este software israelí, aunque después quedaría avalado que el Supremo permitió las pesquisas.
Después fue el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, quien desveló que el presidente Pedro Sánchez y los titulares de Defensa, Interior y Agricultura -Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas- también habían sido víctimas de exfiltraciones en sus terminales.
Robles siempre defendió la integridad de la directora del CNI, aunque finalmente fue cesada en aras de una "reestructuración" de los servicios de inteligencia. Desde las esferas internas de la institución recuerdan que el independentismo exigía la destitución de Paz Esteban ante la debilidad política del Gobierno, como finalmente terminó ocurriendo.
Ese antecedente amenaza ahora al CNI. "Si entonces se ofreció la destitución de Paz Esteban, ¿hasta dónde se puede llegar ahora?", apuntan estas fuentes próximas a la institución. Y concluyen que, tras aquella cesión, se han presentado propuestas que en tiempos políticos no muy remotos serían "inconcebibles".
