La reforma de la Constitución es una reclamación recurrente entre los principales partidos de la oposición, que suele coger fuerza todos los años en torno al 6 de diciembre, y a la que el Gobierno de Mariano Rajoy venía resistiéndose. Pero el apoyo meridiano del PSOE a las respuestas al desafío independentista, aplicación del artículo 155 incluida, ha obtenido como contrapartida el compromiso de Moncloa a iniciar el proceso en un horizonte próximo: el objetivo es abrir en un plazo de unos seis meses una comisión en el Congreso en la que comenzar a debatir sobre las propuestas de cada formación. Y tanto el PSOE como Ciudadanos y Podemos ya han marcado las líneas de los cambios con los que quieren actualizar la Carta Magna y acercarla a la España de hoy y las nuevas generaciones.
Los socialistas están detrás de esta reforma desde julio de 2013, cuando Alfredo Pérez Rubalcaba y Pere Navarro rubricaron el fin de las tensiones entre el PSOE y el PSC a cuenta del 'derecho a decidir' en la 'Declaración de Granada', en la que los socialistas apostaban por una reforma constitucional que convirtiera a España en un Estado federal.
Pero desde entonces todos sus intentos de abrir el debate en el Congreso han sido en vano. El sucesor de Rubalcaba, Pedro Sánchez, asumió la 'Declaración de Granada' y llegó a registrar en el Congreso su propuesta de crear una subcomisión de estudio sobre la reforma, aunque nunca llegó a arrancar. Pero el compromiso ha formado parte de los últimos programas electorales del PSOE y está en las resoluciones de su reciente 39 Congreso.
El objetivo de Sánchez es que el perímetro de la reforma incluya el reconocimiento de nuevos derechos civiles y políticos y la inclusión como derechos fundamentales de los derechos sociales y ambientales, así como la modificación del artículo 135 (reformado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con apoyo del PP, en agosto de 2011).
Pero la apuesta de la que más se ha hablado es la revisión del Título VIII de la Constitución para desarrollar el Estado federal. Los objetivos de Sánchez son, a grandes rasgos, los mismos que se fijaron en la 'Declaración de Granada', pero en su nueva etapa al frente de la Secretaría General ha hecho un añadido cuyo alcance no termina de fijarse y que despierta recelos en un sector del partido: la España plurinacional.
El líder de los socialistas ha garantizado que no se trata de trocear la soberanía nacional, ni romper la unidad del Estado, pero considera que es necesario reconocer las aspiraciones nacionales de algunos territorios. Y alrededor de cuáles son estos territorios ha habido polémica en los últimos meses.
En cualquier caso, todo el PSOE y el PSC han celebrado el "acuerdo histórico" con el Gobierno y consideran esencial afrontar una reforma en la que, además, se aborde un acuerdo sobre la financiación autonómica, que es el gran debate que las comunidades autonómicas quieren abrir desde hace tiempo.
Ciudadanos quiere una reforma para todos, no sólo Cataluña
"La reforma constitucional es absolutamente necesaria", pero hay que saber "con quién y para qué", declaró el miércoles a los periodistas en el Congreso, donde celebró que el Gobierno haya decidido "aplicar el artículo 155 de la Constitución con requerimiento previo" al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.
C's quiere desvincular totalmente la reforma de la Carta Magna del problema catalán y se opone a que cualquier propuesta política se entienda como un intento de "contentar a los independentistas", que es lo que creen que el PSOE está haciendo con sus propuestas ante el desafío soberanista. De hecho, no les gustó nada la Declaración de Barcelona, que sellaron PSOE y PSC el pasado julio.
Según fuentes del partido naranja, en el tema territorial, sus intenciones pasan únicamente por "clarificar las competencias" del Estado y de las comunidades autónomas, porque consideran que es ahí donde surgen "la mayoría de los litigios".
Es decir, nada de tocar el artículo 2 de la Constitución -que habla de "la indisoluble unidad de la nación española"-, que el PSOE ya ha dicho que no quiere reformar, pero tampoco el Título VIII, de la Organización Territorial del Estado, en el que los socialistas quieren incluir esa plurinacionalidad que defiende Pedro Sánchez en esta nueva etapa en Ferraz. Ciudadanos quiere hablar de asuntos muy diferentes: el fin de los aforamientos, la limitación de mandatos o la supresión del Senado.
Sobre la eliminación de aforamientos, Ciudadanos y Podemos coinciden en apostar por pedir que este privilegio desaparezca para diputados, senadores y miembros del Gobierno, pero aquí sí es imprescindible el apoyo del PP -no les bastaría con sumar al PSOE- porque se requiere una reforma de la Constitución.
Además, el partido de Iglesias ha trasladado que cualquier cambio en la Carta Magna tendrá que ir seguido de la convocatoria de un referéndum para que los españoles lo validen, un objetivo que comparte el PSOE. Cs prefiere evitar este paso -que podría frustrar todo el proceso-, aunque no lo considera un obstáculo insalvable.
La portavoz morada en el Congreso, Irene Montero, dijo en marzo, a raíz de unos contactos con C's sobre el alcance de la reforma constitucional, que ésta debería incluir la reversión de "las consecuencias negativas" que tuvo la modificación del artículo 135 (2011) para supeditar el gasto público al pago de la deuda, prohibir las puertas giratorias por las que ex políticos pasan a dirigir empresas o ser miembros de consejos de administración, y otros aspectos relacionados con "la justicia" o "la corrupción".
"Abrir el debate constitucional sería una excelente oportunidad", ha apuntado, "siempre y cuando los ciudadanos sean los que terminan ratificando esas posibles modificaciones en la Constitución", añadió en alusión al ineludible referéndum. Algo que echa para atrás al PP y a algunos sectores del PSOE.
