La comisión anticorrupción ha encallado. El órgano creado esta legislatura en el Congreso para combatir los desmanes en la administración, mejorar la calidad de la democracia y estudiar reformas institucionales no acaba de arrancar por el desacuerdo que mantienen los partidos acerca de cómo organizar el trabajo. Como informó Vozpópuli, hace unas semanas se consensuó priorizar tres temas -contratación pública, creación de un órgano anticorrupción y protección del denunciante-, pero el entendimiento se ha roto en los últimos encuentros, donde han aflorado nuevas discrepancias que imposibilitan el arranque efectivo de la comisión.
Según ha podido constatar este diario, la disputa ha enfrentado a los partidos por bloques ideológicos: PP y Ciudadanos culpabilizan a la izquierda, a la que acusan de querer convertir el órgano en un espectáculo de pugna partidista; PSOE y Unidos Podemos hacen la lectura contraria y responsabilizan al centro derecha, pues se malician que pretende descafeinar el trabajo para que pase desapercibido. La consecuencia es que la comisión no se ha podido reunir en pleno desde que se constituyó, al inicio de la legislatura, no lo hará hasta el 21 o 22 de diciembre y tendrá que posponer al menos hasta enero el arranque de su labor. El consenso sobre los tres temas a abordar en primer lugar es historia.
La última entrevista que mantuvieron los miembros de la mesa y los portavoces de la comisión (jueves 1 de diciembre) concluyó con un profundo desencuentro. PSOE y Unidos Podemos solicitaron que el asunto de la contratación pública se sacara de la agenda, al entender que las iniciativas tomadas por el Gobierno en dicho ámbito lo vaciaban de contenido. Y es que el Consejo de Ministros del 25 de noviembre aprobó dos proyectos de ley para transponer directivas comunitarias que emplazan a reformar la legislación para hacer más transparente la contratación pública. El Congreso las calificó por la vía de urgencia y son ya competencia de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas. Socialistas y morados entienden que carece de sentido estudiar la contratación pública en el órgano anticorrupción mientras el Parlamento tramita en paralelo una reforma legislativa en ese campo. Y proponen sustituirlo por otro: el modo de reforzar la independencia de los organismos reguladores y constitucionales (CNMV, CNMC, CGPJ, TC, Banco de España…).
La izquierda quiere debatir sobre los órganos reguladores, mientras el centro derecha prefiere centrarse en la contratación pública o en la financiación de partidos
El parecer de las fuerzas de izquierda choca con el de PP y Ciudadanos. Estos partidos consideran que sobre contratación pública hay mucho que indagar, más allá de la transposición de directivas que tramita el Congreso y que quedará solventada en breve plazo. No ven motivos para cambiar la agenda ya pactada y creen que PSOE y Unidos Podemos buscan una excusa para meter un tema de más impacto mediático con el objetivo de sacarle rédito político. “No quieren aprobar medidas concretas que mejoren el sistema, solo buscan su beneficio”, denuncian fuentes del Grupo Popular: “Ya teníamos todo hablado para empezar a funcionar y ahora sacan esto para poder atraer más la atención y convertir la comisión en un espectáculo, igual que con la lista de comparecencias que tienen preparada”.
Comparecencias mediáticas
Y es que, en efecto, el ala izquierda del órgano planea citar a figuras políticas y empresariales de primer nivel, con el objetivo de que se expliquen por casos de corrupción que les han salpicado en los últimos años. En la lista aparecen, como publicó Vozpópuli, Jorge Moragas, Florentino Pérez o Juan Miguel Villar Mir. Ciudadanos, que preside la comisión con Toni Cantó, cree que este no debe ser el modus operandi, sino que hay que centrarse en cómo prevenir futuros escándalos más que detenerse en los del pasado.
El PP comparte criterio y quiere que comparezcan técnicos y expertos de la sociedad civil para aportar sus ideas, “como Carles Ramió, Manuel Villoria, eminencias del ámbito penal y fiscal, magistrados… Gente que puede aportar mucho para hacer una buena auditoría de la calidad democrática”, explica el diputado popular Juan Vicente Pérez Aras, vicepresidente de la comisión anticorrupción. Pérez Aras cree que socialistas y morados tienen “otra estrategia, porque quieren meter la ideología en todos los poros del Parlamento”.
Podemos pretende citar a Moragas y el PP desea que se llame a personas de perfil técnico e independiente
En cuanto al debate sobre si sacar o no la contratación pública de la agenda, se muestra en contra y asegura no entender la otra posición, si lo que se busca es realmente combatir la corrupción: “Donde han surgido los mayores casos de corrupción es en las administraciones públicas, hay que hacer un análisis especifico de los problemas que tenemos ahí y ver qué recursos y mecanismos se pueden mejorar; las transposiciones del Gobierno van por la vía de urgencia y habrá muy poco juego legislativo en las Cortes”.
Aun así, el PP se abre a cambiar este tema por el de la financiación de los partidos, otro de los que están en cartera. Desde la izquierda lo rechazan porque creen que con ese movimiento los populares buscan “mirarse el ombligo, exponer lo bien que lo han hecho cambiando algunas leyes y dotar a la comisión de un perfil bajo, técnico, que la haga pasar desapercibida”.
Lo explica Juan Pedro Yllanes, portavoz de Unidos Podemos en la comisión: “Es un clásico en el PP, busca el autobombo, y Ciudadanos está en plena sintonía con eso”. Bajo su punto de vista, “el tema de la contratación pública se ha caído con la tramitación de los proyectos de ley del Gobierno, y ellos mismos lo asumieron al principio, aunque ahora den marcha atrás”. Yllanes cree que algo ha cambiado desde que “viene Nacho Prendes a las reuniones” -es el portavoz de C’s en el órgano- y el PP ha cambiado de portavoz, sustituyendo a Antonio González Terol por Beatriz Escudero.
Además, critica la gestión de Toni Cantó en la presidencia y que no haya convocado aún al pleno de la comisión. Lo hará para el miércoles 21 o el jueves 22 -“ya es hora, ¿eh?”- y ahí los partidos tendrán que tomar una decisión. Si no hay acuerdo, se votará y se impondrá la postura mayoritaria. ERC, PNV y el Grupo Mixto -representado por la antigua Convergència y EH Bildu- están en sintonía con las fuerzas de izquierda por lo que muy probablemente PP y Ciudadanos vean derrotadas sus pretensiones.
Decepción en el PSOE
Fuentes del Grupo Socialista se dicen sorprendidas por la actitud de Ciudadanos en esta comisión que luchó por presidir y que “se suponía que iban a impulsar, no paralizar para hacerle el juego al PP”. “Se empeñan ahora en mantener el tema de la contratación pública, cuando la justificación que dieron al principio era que estaba pendiente la transposición de directivas. Pues bien, encarriladas ya por otra vía, ¿qué sentido tiene centrarnos en eso?”, argumentan. “Son excusas de mal pagador para mantener un asunto técnico, normativo, legislativo, sin impacto; del PP se entiende, pero es que Ciudadanos está yendo de la mano en esto”. El PSOE también quiere que el debate sobre los órganos de extracción parlamentaria sustituya al de la contratación.
Consultado por Vozpópuli, el portavoz socialista en la comisión, Artemi Rallo, expresa su frustración por cómo están yendo las cosas: “Hay un sentimiento de que estamos perdiendo el tiempo, que hace mes y medio que se tendría que haber resuelto esto y empezar a trabajar, así podemos estar semanas y meses…” Rallo no entra a criticar directamente la gestión de Cantó, aunque concede que “le está luciendo poco” el cargo y lamenta que el resultado de la disputa haya sido la parálisis del trabajo y perder la posibilidad de constituir una subcomisión para organizarse mejor.
"Hay un sentimiento de que estamos perdiendo el tiempo, hace mes y medio que se tendría que haber resuelto esto"
Y es que, entre controversia y controversia, se les han echado encima los plazos parlamentarios. El Congreso ya ha decidido que en este periodo de sesiones se pondrán en marcha ocho subcomisiones y también cuáles serán -pacto educativo, reforma de las pensiones y reforma electoral, entre otras-. Además, hay más de 20 solicitudes pendientes para crear otras tantas subcomisiones en el futuro y entre ellas no está la de anticorrupción, que no ha podido oficializar la petición por el desacuerdo que impera en su seno. Habrán de empezar a trabajar sin ella, cosa que para PP, PSOE y Unidos Podemos no supone gran problema -“esta no es una comisión legislativa, no se nos va a sobrecargar con otras materias y puede avanzarse perfectamente sin subcomisión”- pero que frustra los planes de Cantó.
De momento, el presidente ha convocado a los portavoces y a los miembros de la mesa a una reunión este miércoles para tratar de acercar posturas. Se consiga o no, habrá sesión plenaria de toda la comisión la semana siguiente y de ahí deberá salir una decisión: o se mantiene la contratación pública en la terna de prioridades, o se cambia por la financiación de partidos o lo hace por el debate sobre órganos reguladores y constitucionales. De mantenerse el enfrentamiento entre bloques ideológicos, decidirá el criterio de los grupos minoritarios (ERC, PNV y Mixto). La única certidumbre es que no habrá avance alguno en el órgano -comparecencias, intercambio de pareceres sobre medidas a tomar, etc- hasta entrado el 2017.
