Aunque la atención informativa mañana, desde las 10.00, estará en la declaración de Mariano Rajoy en la Audiencia Nacional por el 'caso Gürtel', el Gobierno está intentando minimizar el golpe de imagen que supone y puede haber encontrado el aliado más inesperado para lograrlo: el soberanismo catalán.
Porque, mientras el presidente del Gobierno, sentado en el banquillo en Madrid responda a las preguntas del fiscal y de las acusaciones particulares, el Parlamento de esa comunidad estará aprobando en Barcelona una reforma del reglamento que permitirá que Junts pel Sí y las CUP impulsen leyes por vía de lectura única, procedimiento de máxima urgencia que acorta los plazos del debate y restringe la presentación de enmiendas.
Hasta ahora, en la Cámara autonómica solo se podrían tramitar por lectura única las leyes del Gobierno y las que presentara cualquier grupo parlamentario siempre que aprobarlas por el trámite de urgencia tuviera el consenso del resto de grupos.
Esa vía 'exprés' ha sido diseñada para las leyes de 'desconexión' con España, a fin de que el Gobierno central no tenga margen de tiempo para impugnarlas. Al margen de que el PP ya ha anunciado recurso ante el Tribunal Constitucional, y de que la Abogacía del Estado y la Fiscalía están pendientes también para recurrir inmediatamente, el Ejecutivo sopesa cuál será su respuesta "política".
Quienes en el PP defienden que sea Rajoy quien haga una declaración solemne tras la reforma del reglamento en el Parlamento catalán defienden que está "plenamente justificada" por la magnitud del desafío
No es fácil. A nadie se le oculta que mañana toda la atención estará centrada en San Fernando de Henares, sede de la Audiencia Nacional, donde hay más de 300 periodistas acreditados, pero la tentación es borrar esa mala imagen para Rajoy forzando incluso una declaración del presidente en La Moncloa cuando el Parlament haya aprobado esa reforma del reglamento.
En términos políticos estaría "plenamente justificada" para responder al desafío independentista, dicen sectores del PP que defienden esa declaración, al margen de la denuncia de "oportunismo" por parte de la oposición. No obstante, otros sectores creen que, de comparecer el Gobierno, debe ser la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría quien lo haga, o el portavoz, Íñigo Méndez de Vigo; incluso un comunicado, nunca Mariano Rajoy, argumentan, porque es inoportuno mezclar las dos imágenes suyas: por la mañana en el banquillo y por la tarde solemne con la bandera de España detrás.
