El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha telefoneado este viernes a los líderes del PSOE, Pedro Sánchez, y Ciudadanos, Albert Rivera, para informarles de su decisión de establecer un control de pagos en Cataluña para garantizar que no se destina "ningún euro" al referéndum ilegal del 1 de octubre. La respuesta de la oposición ha sido de apoyo total.
Aunque en otras ocasiones ha sido la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, la encargada de llamar al PSOE y el partido naranja para informales de decisiones del Consejo de Ministros para hacer frente al desafío independentista, este viernes Rajoy ha querido hablar personalmente con Sánchez y Rivera, con quienes tiene una relación fluida en las últimas semanas en las que el pulso de ha acelerado.
Según han informado fuentes socialistas, el secretario general del PSOE le ha trasladado que mantiene su posición "en defensa de la ley y del Estado de Derecho" y rechaza que "exista una legalidad paralela como plantea el bloque soberanista". Los socialistas ven "fundamental que los servicios públicos estén garantizados", pero no quieren entrar en la valoración de cada medida específica que vaya adoptando el Ejecutivo. Su apoyo es "total" en defensa de la legalidad.
En la conversación, Sánchez ha vuelto a pedir al jefe del Ejecutivo que actúe con "proporcionalidad, mesura y responsabilidad", como viene haciendo desde el primer momento en que declaró su respaldo total al Gobierno en esta crisis.
Mientras tanto, el presidente de Ciudadanos también ha reiterado a Rajoy su "apoyo sin fisuras" al Ejecutivo en esta crisis, como ha hecho cada vez que han hablado de este asunto. Su partido ha llevado al Congreso una proposición no de ley para dejar claro el respaldo al Gobierno, el Poder Judicial y los funcionarios ante el desafío secesionista.
El Ministerio de Hacienda ha enviado este viernes un requerimiento al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que en 48 horas adopte y comunique un acuerdo de no disponibilidad sobre su presupuesto que afecte a todos los créditos presupuestarios no esenciales. El Gobierno pretende asumir los pagos de servicios esenciales de la Generalitat y evitar que se desvía dinero al 1-O.
