El puerto de Alicante fue la salida para los últimos exiliados de republicanos. Algunos, algo más de 2.500, lo hicieron a bordo del Stanbrook solo unos días antes de que el bando franquista diera por concluida la Guerra Civil, el 1 de abril de 1939. Otros quedaron atrapados en el muelle, convertido en ratonera en los estertores de la contienda para unos 15.000 refugiados.
Esa carga simbólica parece haber llevado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a escoger la Casa del Mediterráneo de la capital alicantina para presidir el acto de conmemoración del 8 de mayo, fijado en la Ley de Memoria Democrática como "un día de recuerdo y homenaje a los hombres y mujeres que sufrieron el exilio como consecuencia de la guerra y la dictadura".
Y todo, en la práctica recta final de la campaña electoral de las elecciones en Cataluña de este próximo domingo, cuyo resultado puede ser clave para determinar el grado de estabilidad de la legislatura más convulsa de la historia reciente de la democracia.
Ofensiva gubernamental contra Aragón, Castilla y León y Comunidad Valenciana
Al acto, con la presencia de Sánchez prácticamente confirmada, asistirá igualmente el ministro del ramo, Ángel Víctor Torres, y en él se rendirá homenaje a los exiliados y se entregarán declaraciones de reconocimiento y reparación.
La celebración, además, coincide con la ofensiva del Gobierno contra las leyes de concordia impulsadas por los gobiernos autonómicos de Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana (PP-Vox), sustentada en la resolución reprobatoria hacia esas normas emitida recientemente por Naciones Unidas al calor del dictamen de tres relatores.
Igualmente, el énfasis puesto en la iniciativa es indisociable de la estrategia política urdida desde su investidura por Pedro Sánchez, relacionada con la práctica de agitar el fantasma de la ultraderecha.
