Pedro Sánchez está a punto de cumplir tres meses como presidente del Gobierno tras ganar una moción de censura contra Mariano Rajoy. La inmigración es uno de los problemas más sensibles a los que se ha enfrentado desde la Moncloa. Sánchez ha transitado por polos opuestos: empezó su mandato acogiendo a los inmigrantes del Aquarius y apenas dos meses después ha devuelto a 116 personas que saltaron la valla de Ceuta recientemente. Es una de las llamadas devoluciones en caliente. Sánchez se oponía a ellas cuando estaba en la oposición.
El Gobierno del PSOE, como lo hizo antes Rajoy, busca una solución europea al problema migratorio. Sánchez y la canciller alemana, Angela Merkel, acordaron buscar fórmulas de consenso en el encuentro que mantuvieron en Doñana hace unas semanas. La tarea no es sencilla, porque los países del norte que no soportan la presión del Mediterráneo han sido históricamente poco receptivos. Y ahora hay que sumar que el populismo gobierna Italia, uno de los países del sur que más presión migratoria ha sufrido en los últimos años.
Negociación europea
Sobre la mesa de los líderes europeos hay diversas opciones: centros de expulsión tipo CIE (Centro de Internamiento para Extranjeros) en origen (África), la construcción de más CIE en Europa o el reparto por todo el continente de inmigrantes rescatados en el Mediterráneo. El acuerdo se está negociando. Y tiene la dificultad añadida de tener sentado en la mesa de negociación a Italia, que se niega sistemáticamente a acoger más inmigrantes.
Mientras tanto, Sánchez ha tenido que hacer frente a un verano complejo. Uno de sus primeros gestos fue ofrecer España al barco de rescate Aquarius. Italia negó al buque el permiso para atracar en sus puertos, pese a llevar 629 personas varadas a bordo. Lo hizo España. No sólo acogió a los inmigrantes, sino que además Sánchez les concedió permisos especiales de estancia en lugar someterles a un procedimiento de expulsión estándar o el ingreso en los CIE.
El rescate del Aquarius dio la vuelta al mundo. Paralelamente, el Gobierno se ha enfrentado a una oleada de inmigrantes más elevada que en años de anteriores en la ruta marroquí. Son 25.101 personas contabilizadas hasta esta semana, un 189% más que en el mismo período del año anterior según cifras de la ONU. La presión ha llevado a partidos como el PP y Ciudadanos a criticar la "errática" política de Sánchez.
Ante un nuevo Aquarius varado en aguas del Mediterráneo y sin permiso para entrar a Italia, Sánchez consiguió un acuerdo europeo con Francia, Malta y Alemania, entre otros para repartirse los inmigrantes. España se comprometió a acoger 60, pero sin permiso especial de estancia esta vez. Todos ellos se enfrentarán sometidos a los trámites habituales de expulsión. Una primera enmienda al arranque de su mandato.
Asaltos a la valla de Ceuta
Al mismo tiempo, Ceuta ha sufrido dos asaltos masivos a la valla, uno a finales de julio y otro el pasado miércoles. Los agentes destinados en la zona fronteriza han denunciado la especial violencia de las estampidas, en las que una decena de policías resultó herido. Los inmigrantes han atacado a la policía con heces y cal viva entre otros objetos. De nuevo, el Gobierno ha tenido que enfrentarse a las críticas de la oposición.
El Gobierno, en un giro de 180 grados, decidió expulsar a 116 inmigrantes de los que pasaron a Ceuta el miércoles en virtud de un acuerdo firmado con Marruecos en 1992. Es un acuerdo que apenas se ha usado y que constituye una devolución en caliente en toda regla. Se considera una devolución en caliente aquella en la que el inmigrante es expulsado sin serle aplicadas ninguna de las protecciones y garantías de la legislación de extranjería del país. Sánchez estaba en contra de esta figura cuando lideraba la oposición.
