El Gobierno se encuentra ante una encrucijada de difícil salida. Aunque la voluntad del Ejecutivo socialista es agotar la legislatura, el camino a recorrer está plagado de obstáculos que no será fácil sortear. Pedro Sánchez ha pactado con Pablo Iglesias la modificación de la Ley de Estabilidad para evitar el anunciado veto del PP en el Senado a la senda de déficit; el paso previo para aprobar los Presupuestos Generales de 2019.
Sin embargo, aún no se sabe como podrá implementarse el cambio legal, a pesar de contar con una mayoría suficiente en el Congreso. Sánchez no puede recurrir al Real Decreto, al tratarse de una Ley Orgánica. Pero las alternativas -proposición o proyecto de Ley- permiten adivinar un alargamiento de los plazos que retrasarán considerablemente la aprobación de las primeras cuentas públicas socialistas. Todo si se consigue cambiar la norma.
En Moncloa han optado por la patada hacia adelante con tal de no darse de bruces con la Cámara Alta. En caso de no acometer la reforma, la senda de déficit pactada con Bruselas para 2019-2021 habría muerto gracias a una norma elaborada en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy, otorga al Senado un papel que no tiene en ningún otro caso del sistema parlamentario. Y el bloqueo habría sido mucho más inmediato.
El nuevo escenario tampoco es nada halagüeño para los expertos. El politólogo Pablo Simón cree directamente que "el PSOE ha ofrecido a Podemos algo que no va a poder satisfacer". Una visión en la que coincide el consultor Fran Jerez: "Es altamente improbable que se pueda llevar a cabo", asegura. En consecuencia, tampoco ve posibilidades que los Presupuestos salgan adelante.
Mientras tanto, Hacienda podrá seguir escenificando la negociación del apoyo de Unidos Podemos la senda de estabilidad y a los futuros Presupuestos. Todo envuelto por la competición de PP y Ciudadanos por liderar el centro-derecha y luchando por ejercer la mayor presión posible sobre el Ejecutivo de Sánchez. Los de Pablo Casado se plantean recurrir la modificación de la Ley de Estabilidad al Tribunal Constitucional, mientras los de Albert Rivera insisten en que Sánchez convoque a las urnas cuanto antes.
El flanco catalán
En cualquier caso, la dilación de los plazos que implica el pacto de Sánchez e Iglesias hará coincidir -o permitirá salvar- el contexto de gran polarización política y social en Cataluña que llegará previsiblemente de la mano de la Diada, del primer aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre y del juicio del procés, previsto para finales de año. Aunque la Constitución marca el 30 de septiembre como fecha máxima para presentar las Cuentas Públicas, el Gobierno de Rajoy lo aplazó hasta el mes de junio del año siguiente.
En cualquier caso, Sánchez necesita a los partidos independentistas catalanes tanto para acometer el cambio de la Ley de Estabilidad como para aprobar la senda de estabilidad y más tarde los PGE. ERC y el PDeCAT apoyan el cambio de la norma, pero aún no han definido su posición a la hora de votar en el Congreso el techo de gasto. Y es probable que acudan a la mesa con exigencias que Sánchez no pueda satisfacer. De momento, esperan la llamada del Gobierno para explorar el sentido de su voto que dependerá, en definitiva, de las instrucciones que emanen del Govern de la Generalitat.
De esta forma, pasarán los meses y Sánchez se encontrará con "una incapacidad para hacer cambios legislativos reales, sobre todo si tienen carga económica", resalta Jerez. Podrá hacer gestos en política social, pero pronto "llegará un momento en que se perciba que no tiene capacidad de gobernar", sentencia. Por lo que volverá a la primera línea la idea del adelanto electoral ante el bloqueo de los adversarios políticos. La cuestión es saber cuándo apretar el botón, con unas elecciones autonómicas y municipales en mayo de 2019.
