Los centros de educación especial están en el punto de mira. El acuerdo programático alcanzado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias pone en la diana a este tipo de instituciones que ofrecen atención especial a miles de alumnos con discapacidad.
PSOE y Unidas Podemos han pactado derogar la la LOMCE y aprobar una Ley Básica de Educación "que blinde la educación pública como eje vertebrador del sistema educativo". Quieren que la nueva normativa recoja los acuerdos alcanzados por la comunidad educativa en estos años, "eliminando la segregación escolar", y permitiendo, dicen, la personalización de caminos formativos a las necesidades de los alumnos y alumnas.
"La nueva Ley de Educación garantizará desde sus principios rectores la inclusión y la eliminación de la segregación escolar por las condiciones de origen de los estudiantes, por sus necesidades educativas especiales o por sexo", reza el texto.
El PSOE y sus amigos anuncian que cierran colegios de educación especial", denuncia marta martín desde Ciudadanos
La portavoz de Educación de Ciudadanos en el congreso, Marta Martín, ha advertido que su partido trabajará para luchar contra el cierre de los colegios en la próxima legislatura. "El PSOE y sus amigos anuncian que cierran colegios de educación especial. A Cs y a muchos padres y madres nos van a tener enfrente. No se puede mentir más", ha advertido a través de las redes sociales.
Esta iniciativa, que supone la integración de los alumnos con necesidades especiales en centros ordinarios, estaba incluida en la Ley Celaá y desató una fuerte polémica por el rechazo de las familias, además del de otras formaciones políticas.
"Adiós a los centros de educación especial. Quien tenga hijos con necesidades especiales, deberá educarlo en un centro convencional. En fin, adiós a la libertad de elección de los padres", destaca el diputado de Vox José María Figaredo.
Manifestaciones a finales de febrero
A finales de febrero, la plataforma 'Inclusiva sí, especial también' convocó una manifestación en contra del cierre de este tipo de centros. En menos de ocho meses de existencia, la organización contaba con más de 100 asociaciones adheridas en toda España.
Celaá se vio obligada a tranquilizar a las familias y les envió una carta en la que reiteró que los centros de educación especial no se iban a cerrar.
A pesar de que en la reforma de la Ley Orgánica de Educación se fijaba un plazo de diez años para integrar a los alumnos con necesidades especiales en centros ordinarios, el Ministerio de Educación desmintió que los centros se fuesen a cerrar.
"Permítame que sea muy contundente en negar esta falsedad que se ha lanzado para atacar a este Ministerio y que ha generado una comprensible preocupación en las familias: los centros de educación especial no se van a cerrar", aseguraba Celaá en la misiva remitida a varias plataformas, entre ellas, 'Educación inclusiva sí, especial también' y CERMI.
La carta de Celaá en marzo
En su escrito destacaba que la obligación del Gobierno "es velar por el bienestar de los niños, niñas y jóvenes con discapacidad y garantizar por tanto que recibe la respuesta más adecuada a sus necesidades específicas".
El Ministerio, decía, "seguirá apoyando los centros de educación especial", y que su propósito es "mejorar los recursos de los centros ordinarios para hacer de ellos un contexto capaz de ofrecer la atención a la diversidad" y así "dar cabida a un número cada vez mayor de alumnos y alumnas que todavía hoy encuentran dificultades para escolarizarse en estos entornos más normalizados".
También señalaba que el proyecto de reforma de la ley educativa preveía que los centros de educación especial "sigan avanzando, en la medida de sus posibilidades, en el apoyo a la educación inclusiva, asesorando a los centros ordinarios en esta tarea".
Ahora, en la nueva ley educativa acordada con Podemos vinculan la "segregación escolar" que pretenden eliminar con las necesidades educativas especiales, además de la segregación por sexo o por las condiciones de origen de los estudiantes. La alerta ha vuelto a saltar entre las familias afectadas.
Entre otras iniciativas en Educación, Iglesias y Sánchez abogan por promover la coeducación en todo el sistema educativo, impidiendo la segregación educativa por razón de sexo en los centros sostenidos con fondos públicos.
"Igualmente se asegurará que todos los centros privados concertados informan al alumnado y familias de que las aportaciones son voluntarias y nunca condicionan la prestación del servicio educativo", defienden ambas formaciones en su acuerdo. Además, la asignatura de religión será de carácter voluntario para los estudiantes, sin que haya una asignatura alternativa ni la nota sea computable a efectos académicos.
